DOCUMENTOS DEL PASKIN

¿POR QUIÉN VOTAR? ¿Votar o anular? He ahí la cuestión, ya que más rápido que lento ha ido prendiendo en la opinión pública una fuerte sensación de repudio, hastío y desconfianza respecto de la clase política actual.

No hay dudas en cuanto a la decepción que experimenta la ciudadanía por la actuación de sus representantes en municipios, Congreso Nacional y Presidencia de la República. Ello, por cierto, se hace extensivo al comportamiento de la oposición derechista y, pocas semanas atrás, el sentimiento negativo alcanzó también a ciertas tiendas políticas que están fuera del arco parlamentario, como la comunista, humanista e izquierda cristiana.

Existe un innegable volumen de críticas al accionar de los políticos, el cual se ha generalizado en los últimos meses alcanzando niveles que deberían haber hecho reaccionar a las dirigencias partidistas. Sin embargo, ni estas ni las autoridades mostraron interés por analizar el actual estado decadente del quehacer público provocado por sus particulares actividades y decisiones. Ello quedó de manifiesto cuando un grupo de diputados –insensible sinvergüenzura ante la crisis económica que semi ahoga al 80% de los chilenos- propuso auto asignarse 100 litros de combustible mensuales, financiados, por cierto, a través de los impuestos ciudadanos. Fue la gota que rebasó el tiesto.

Los chilenos, hoy, ya no discuten que en nuestro país la corrupción se instaló con camas y petacas. Diversos programas periodísticos de la televisión, columnas en diarios y revistas, comentarios de especialistas en radioemisoras, y la voz de la calle, han informado argumentadamente las ilícitas e inmorales actividades realizadas por alcaldes y concejales que profitan de sus cargos (y del dinero de los contribuyentes) para hacer turismo gratuitamente en el extranjero. ¿Cuál ha sido la respuesta de las tiendas políticas que acogen a esos sinvergüenzas? Simplemente, ninguna…silencio absoluto.

La opinión pública, en muchas comunas, es consciente de las tropelías cometidas por algunas de sus autoridades locales; pero la decepción se desglosa del nulo accionar de las ‘instituciones que funcionan’, ya que no se ha visto sanción alguna por tales malabares. Y esa decepción se transforma en desconfianza hacia el sistema actual, pues la gente constató en los hechos fríos que no existe voluntad ni interés de las autoridades nacionales por dar un corte quirúrgico a tales situaciones.

La gente sabe que algunos candidatos a alcaldes consiguieron de manera ilegal sus certificados de 4º Medio. Los partidos políticos que cobijan a esos postulantes también lo saben…y lo sabe además la prensa. Pareciera que la única institución en el país que desconoce el asunto es la Contraloría General de la República, cuyo rol fundamental es precisamente fiscalizar y sancionar hechos como esos, pero se activa rápidamente cuando debe sancionar a los trabajadores, mas, nunca tan ágil si se trata de ‘autoridades’. Es sólo un simple botón de muestra, y no el más grave, precisamente.

Más ejemplos respecto de la inopia administrativa que muestran algunas Contralorías Regionales requerirían páginas y páginas. Lo mismo puede decirse de otras instituciones, como las Inspecciones Regionales del Trabajo (a este respecto podríamos escuchar lo mucho que tienen que decir los sindicatos de Agrosuper de Lo Miranda), y el inútil Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ante miles de denuncias interpuestas por simples (pero vitales) clientes de grandes tiendas y supermercados monopólicos, expertos en exprimir comercialmente y en descampado a los desprotegidos consumidores.

El elector, entonces, se da de narices frente a listados de candidatos que en rigor son los responsables del mantenimiento de ilícitos y producción de sucios negociados. Esa es la respuesta de las tiendas políticas: repostular a los mismos delincuentes de hoy para que gobiernen mañana. ¿Cómo puede elegirse a un malhechor conocido para que tome asiento en el sillón que dirige una comuna? Hay excepciones, por supuesto, y los electores tienen claro cuáles son…y cuán escasas.

Resulta tragicómico escuchar a algunos inefables parlamentarios desechar las críticas anteriores, asegurando –con un volumen neuronal cercano al de una pulga- que ellas sólo ayudan a ‘reposicionar los intentos totalitarios que nadie quiere volver a vivir’. Por cierto que nadie en su sano juicio pretende algo como eso, pero lo anterior no significa dar carta abierta a la corrupción y manoseo político de los dirigentes actuales. “Yo no quiero que me hieran con una bayoneta, pero tampoco quiero que sigan robándome y mintiéndome ‘legalmente’ como si yo fuera un imbécil”, me confesó un amigo rancagüino que decidió anular su voto.

Es que criticar a la Concertación no implica necesariamente favorecer a la Alianza por Chile, ni postular el regreso de la sangrienta y ladrona dictadura militar. Lo que implica es sólo exigir honestidad, seriedad y compromiso real con las propuestas programáticas que banderearon los candidatos en sus respectivas campañas. Y las actuales autoridades en muchas comunas ya incumplieron lo prometido. ¿Habrá que reelegirlas para ver si en una segunda o tercera oportunidad cumplirán parte de las mismas?

Ha ido creciendo en el alma nacional una sensación de aburrimiento y hastío hacia la clase política actual. Hasta este momento, tales sentimientos aún no cuentan con organización ni dirección. El día en que la gente disponga de estos dos elementos, veremos el derrumbe de las estructuras partidistas que han hecho de Chile una especie de financiera particular, y la posibilidad de estructurar una Asamblea Constituyente estará a la vuelta de la esquina.

Tal vez llegue el momento en que no será necesario exponer el pellejo en la calle frente a una policía represora, o arriesgar el mal pagado trabajo, toda vez que una organización como la reseñada –que interprete y aglutine a las amplias mayorías- bien podría poner en práctica lo que en otros países ya realizaron sus ciudadanos, como por ejemplo, no pagar TAG, peajes, permisos de circulación, revisiones técnicas, cuentas de servicios básicos, etc. Es una forma, de pacifismo activo, para decirles NO MÁS a los ladrones oficiales.

¿Qué respuestas eficaces podrían entregar los tribunales de justicia y las policías ante veinte o treinta millones de demandas interpuestas por los tiburones predadores? Como se dice en el campo cuando el agua sobrepasa a las acequias: estarían ‘colmatados’. Y el sentimiento que hoy es un susurro –‘que se vayan todos’- cobraría cuerpo y vida.

Quizá, por ahí podría transitar pacíficamente la reacción ciudadana en un futuro mediato. Y si ello ocurre –la probabilidad no es utópica- los responsables del desaguisado y del colapso serán exclusivamente los dirigentes políticos actuales y las autoridades (in)competentes.

Si el porcentaje de votos nulos y blancos aumenta de forma significativa (más del 15%) en los próximos comicios de octubre, una de las lecturas válidas podría ser que el país ha comenzado a aproximarse a la rebeldía social y económica de los contribuyentes, los usuarios y los clientes. Sería un claro aviso del ‘choreamiento’ general y de una postura decidida para dar término a tanta corruptela, mentira, traición y desparpajo político y empresarial.

Obviamente, nadie desea que todo lo anterior se cumpla. Por el contrario, lo que se pide es tranquilidad, justicia social y honestidad. Los políticos tienen la palabra, pues en ellos se encuentra la solución a los problemas descritos…sólo en ellos. Pero si estos ácaros del Estado fallan una vez más, la rebeldía que podría dejarse caer sobre el país será sólo de su responsabilidad.