CHILE: COMO EN LA DICTADURA
Francisco Marin
Proceso, la revista más prestigiada y de mayor circulación en México, publicó el domingo 17 de agosto este revelador artículo que da cuenta de la crítica situación de derechos humanos existente en Chile. De paso, derriba la falsa imagen del Chile de
Después de 18 años del regreso de la democracia a Chile, organizaciones civiles de derechos humanos denuncian la represión que la policía de este país –con anuencia del gobierno y, en algunos casos, del Poder Judicial práctica contra movimientos sociales, indígenas y sindicales. Dichas organizaciones documentan detenciones arbitrarias, vejaciones, torturas y hasta asesinatos…como en la dictadura de Pinochet.
VALPARAÍSO.- En lo que va del año, la policía chilena ha detenido a miles de personas por participar en manifestaciones de protesta. La mayoría de ellos son estudiantes –sobre todo menores de edad que denuncian golpizas y vejaciones en las comisarías a las que son remitidos.
Así mismo, la policía realiza operativos en contra de las movilizaciones de las comunidades mapuches, que reclaman grandes extensiones de tierra expropiadas por el Estado y entregadas posteriormente a empresas privadas.
El pasado 26 de junio representantes del Comité de Ética Contra
El informe incluye dos casos de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, ocurridos este año en contra de los indígenas mapuches Johnny Caciqueo Yáñez y Matías Catrileo, ambos de 23 años.
Cariqueo murió el pasado 31 de marzo a causa de una “brutal golpiza propinada por carabineros” dos días antes, según reseña el mencionado informe de
Según “declaración post mortem” emitida por familiares y amigos de Cariqueo, a las 21:20 horas de ese 29 de marzo, y “tras leer por última vez el comunicado (de los convocantes) a la población (…) los participantes iniciamos tranquilamente la retirada del lugar”. En ese momento, “un gran contingente de carabineros” se lanzó sobre quienes se retiraban. Los golpeó y detuvo a 30 de ellos.
Un poco más tarde, la policía apresó a Cariqueo y a otros dos jóvenes del colectivo Puño en Alto. Los condujo a
Después de que un compañero de reclusión de Cariqueo insistió en solicitar ayuda, éste fue conducido al Servicio de Urgencia del Consultorio de Pudahuel. Allí el médico de turno expresó la imperiosa necesidad de trasladar al paciente a un hospital. No obstante, los policías “lo llevaron de vuelta a su celda y continuaron propinándole brutales golpizas”, según el informe.
Cariqueo fue liberado un poco después, y algunas horas más tarde murió de un infarto debido al maltrato recibido.
Por su parte, Matías Catrileo fue asesinado por carabineros el pasado 3 de enero después de participar –junto con una veintena de comuneros mapuches en la toma del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Región de
A pesar de que los ocupantes no portaban armas de fuego, los carabineros utilizaron metralletas Uzi. Catrileo murió de un tiro en la espalda a manos del cabo segundo Walter Ramírez. Una grabación radial de
El pasado 7 de enero el fiscal militar José Pinto Aparicio procesó a Ramírez por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”; 15 días después,
La represión contra las comunidades mapuches se ha vuelto recurrente. El pasado 21 de junio, un grupo de carabineros entró a terrenos de la comunidad José Guiñón, ubicada a
Sin razón aparente, los efectivos policíacos dispararon contra Jorge Marimán, de 18 años, y le fracturaron el brazo izquierdo. A Luis Marileo Cariqueo, de 16 años, lo golpearon con la culata de una escopeta y le quebraron la mandíbula.
En su informe mundial 2008, difundido el pasado 27 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la fuerte represión desencadenada por el Estado de Chile contra los movimientos sociales, especialmente contra los mapuches.
Las condenas al gobierno de Chile por maltrato a los mapuches no son nuevas. El 30 de marzo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó que “miembros de la comunidad mapuche fueron acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. El organismo lamentó “que las tierras antiguas (de los mapuches) continúen en peligro debido a la expansión forestal y a megaproyectos de infraestructura y energía”.
Estado represor
La industria salmonera ha sido foco de importantes conflictos laborales que han derivado en represión policiaca. El pasado 26 de enero, 200 agentes de las Fuerzas Especiales (antimotines) atacaron a trabajadores en huelga de la planta procesadora de salmón Caicaén, perteneciente a la empresa chilena Aguas Claras. Siete trabajadores fueron sometidos a torturas por policías en el interior de la planta, según informó
Agentes de la policía también detuvieron al trabajador José Paredes. Lo lanzaron a un pozo y le arrojaron piedras y tablones. Luego lo llevaron a un recinto policíaco. Lo desnudaron y lo amenazaron con atacarlo sexualmente. Además, un policía le puso una pistola en la cabeza y amagó con dispararle.
El pasado 10 de febrero trabajadores salmoneros a quienes se les debía su salario intentaron tomar las instalaciones de la empresa Aqua Chile, en el sector Alto Bonito de Puerto Montt ( mil
En entrevista con Proceso, Rodrigo Román, abogado de
La base jurídica de todas estas detenciones es el Decreto Supremo 1086, del Ministerio del Interior, que data de 1984, por el cual se exige “que toda manifestación debe hacerse previa solicitud a
Román considera que estas exigencias son “inconstitucionales” porque contravienen los derechos de libertad de reunión y expresión consagrados en el artículo 19 de
Desde el inicio del gobierno de Bachelet organismos internacionales han denunciado los abusos de la policía chilena contra menores de edad. El 4 de junio de 2006, el relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a
Ante este tipo de atropellos, el pasado 1 de agosto
Los documentalistas
La represión contra los movimientos sociales, especialmente el mapuche, se extendió a unos documentalistas que registran el conflicto que este pueblo originario –el de mayor presencia poblacional en Chile tiene con el Estado y grandes grupos económicos.
El pasado 3 de mayo la policía detuvo a los jóvenes italianos Giuseppe Gabriele y Darío Loseffi cuando filmaban una manifestación de la comunidad mapuche Rucatraro, comuna de Puerto Saavedra, ubicada a 700 kilómetros al sur de Santiago. Los manifestantes exigían a la empresa forestal Mininco la devolución de sus tierras. Los italianos fueron maltratados:
“Nos trataron como terroristas, nos aplastaron la cara contra el suelo y nos pusieron las esposas muy apretadas. Nos acusaron de estar robando madera en el predio”, señalaron a la prensa local después de pasar dos días detenidos en Temuco, capital de
Al día siguiente, la intendenta de
La determinación de la intendenta fue ratificada por el Ministerio del Interior el 23 de junio, a pesar de que a los italianos no se les comprobó delito alguno. El mismo día fueron expulsados del país.
Poco antes les había pasado algo similar a dos periodistas franceses: Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj. Ellos realizaban un documental sobre la comunidad mapuche de Temucuicui. El 17 de marzo, mientras estaban en ese lugar, acudieron a filmar un incipiente incendio que se producía en la vecina propiedad del agricultor René Urban. Los documentalistas filmaron a policías que miraban crecer el incendio sin hacer nada por detenerlo.
El 20 de marzo, y con gran despliegue de prensa, la familia Urban presentó una denuncia judicial en Collipulli (Región de
La detención de la documentalista Elena Varela causó mayor conmoción. La policía la arrestó el 7 de mayo en Lican Ray, región de
En el momento de la detención, agentes de
En ese escrito judicial, interpuesto ante
Cuando la detuvieron, los agentes le impidieron llamar por teléfono y “fue obligada a permanecer de pie durante más de cuatro horas en contra de una pared, con el fin de conseguir su confesión (…) Durante 24 horas no le permitieron comer ni tomar líquidos, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija, América”, sostiene el escrito.
El pasado 25 de junio
Ante la presión de las organizaciones civiles de dentro y fuera de Chile, el pasado miércoles 13 el Tribunal de Garantía de Rancagua concedió a Varela el beneficio del arresto domiciliario mientras dura la investigación judicial en su contra.
