PREOCUPACIÓN POR AGRESIVIDAD DE CARABINEROS HACIA MOVIMIENTO SOCIAL.-

Entre enero y mayo de este año Carabineros de Chile detuvo a 13 mil 778 manifestantes de movimientos sociales, reveló el General Director de esa institución, Eduardo Gordon. La cifra ya habría llegado a 14 mil con las detenciones de estudiantes en las protestas de junio y parte de julio.

Eso quiere decir que sólo en los primeros cinco meses de este año, en Chile se apresó a más manifestantes que en todo el 2007.

La inmensa mayoría de detenidos han sido estudiantes, trabajadores, profesores, mujeres, indígenas y dirigentes de agrupaciones de derechos humanos.

Eso indica objetivamente que Carabineros tiene en la mira al movimiento social.

Al record de detenciones, Carabineros suma otros hechos:

-Un carabinero a caballo hirió gravemente en un ojo a un fotógrafo de la agencia española EFE utilizando una fusta metálica.

-Un chorro de agua lanzando a alta presión al pecho de una joven estudiante le produjo un paro cardiorrespiratorio.

-Testimonios continuos de que elementos de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros propinan golpizas a manifestantes.

-Carabineros mató a balazos a un trabajador subcontratista (Rodrigo Cisternas).

-También Carabineros fue responsable de la muerte a balazos de un joven universitario que participaba en una acción de comuneros mapuches (Matías Catrileo).

-El propio general Gordon tuvo que anunciar en entrevista con el vespertino “La Segunda” que tendrán que colocar cámaras en los buses policiales por el frecuente maltrato que reciben allí los manifestantes detenidos.

-FFEE tiene un permanente dispositivo de al menos 4 buses, 2 carros lanzaaguas, 2 carros lanza gases y patrullas (RP) en el entorno del palacio de La Moneda para impedir manifestaciones.
-Las FFEE y otros elementos de Carabineros recibieron nuevos implementos de uniforme para acciones antirrepresivas.

-Denuncias de estudiantes y apoderados de jóvenes que son subidos a vehículos de Carabineros “secuestrados” y después de dar vueltas por calles son abandonados: práctica usual en la dictadura.

El ánimo persecutorio de la policía uniformada llega a tanto, que después que una joven secundaria lanzara –como protesta- agua a la Ministra de Educación, fue Carabineros la institución que interpuso una denuncia contra ella por “atentado a la autoridad”, buscando detenerla y procesarla, pasando por encima de la decisión del gobierno de no ejercer medidas en contra de la muchacha.

Son frecuentes las quejas por el lenguaje soez y altanero de los policías uniformados de Chile, sobre todo de los oficiales.

En un documento, la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros se jacta de su capacidad de agresión hacia los ciudadanos: “Esta repartición tiene como misión ‘reestablecer el orden público quebrantado’, mediante la aplicación de técnicas-tácticas desarrolladas y mejoradas…contando a la fecha con una capacidad de movilización operativa que permite eficazmente satisfacer las demandas de acción policial especializada en todo el territorio nacional”.

En efecto, las FFEE se despliegan en todo Chile en su labor “eficaz” de contener y reprimir al movimiento social, lo que incluye protección de fundos y empresas madereras privadas en el sur y el cerco represivo sobre las comunidades mapuches.

Todo el accionar contra-manifestaciones es conducido y coordinado por el Ministro del Interior, el conservador democratacristiano Edmundo Pérez Yoma y su Subsecretario, Felipe Harboe, a quien denominan “El Coronel Harboe” por su perfil represivo. De ellos depende, en definitiva, lo que hace Carabineros a la hora de actuar.

Peligro de tragedias.-

Carabineros ha reforzado su equipamiento y apertrechamiento con el objetivo de “garantizar el orden público” a tal punto que algunos especialistas estiman que se podría producir una tragedia.

Por ejemplo, en todas las acciones contra manifestantes, Carabineros lleva pistolas, como parte de su aditamento (algunas de calibre 9 milímetros), y en los vehículos lanzaagua, lanzagases y buses blindados se portan subametralladoras UZI. Es lógico pensar que están ahí para, eventualmente, ser utilizados y los objetivos serían manifestantes.

Los policías además están dotados de cascos, bastones, pistolas y revólveres, escopetas lanzagases, rodilleras, chalecos antibala, guantes, máscaras antigases, buzos de combate, entre otros aditamentos.

En los operativos antirrepresivos no sólo participa la unidad de Fuerzas Especiales (hace décadas se denominaba Grupo Móvil), sino también unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Gope). Los elementos de FFEE y Gope son reconocidos por su agresividad.

A inicios de julio, el diario electrónico “El Mostrador” publicó un trabajo titulado “El ‘secreto de Estado’ que pesa sobre las bombas lacrimógenas” donde se señala que los gases que usa Carabineros “ni siquiera poseen autorización sanitaria”, no se conoce realmente “qué efectos causan sobre la salud humana” y denuncia que las autoridades se negaron a transparentar la información sobre ese elemento que es lanzado contra las personas.

Lo real es que los gases que arrojan Carabineros a estudiantes, profesores, trabajadores y mujeres son componentes tóxicos que ya en una manifestación -hace un par de años- causaron un infarto y muerte de un militante del Partido Comunista. Estos pueden afectar embarazos, dejan secuelas en el sistema respiratorio y no se ha querido revelar efectos secundarios.

El reportaje de “El Mostrador” indica además que ninguna autoridad de Carabineros, Ministerio de Defensa ni Ministerio de Salud se hace responsable sobre los efectos de esos gases. Así, si ocurre una afectación grave en una o más personas, nadie resulta responsable a nivel policial y ni de gobierno.

Hay otras situaciones inquietantes. El diario “El Mercurio” informó que el consorcio “Eurocopter” se habría adjudicado la licitación para vender a Carabineros “un helicóptero que será empleado en labores de disolución de desórdenes callejeros”. De acuerdo a la información periodística, el aparato “tendrá sistemas de seguridad automático de ‘objetivos’ en tierra”. Claramente esos “objetivos” son personas.

Evadir responsabilidades.-

A pesar de que las instituciones militares y policiales suelen referirse a sus “virtudes” como “honorabilidad” y “valentía”, Carabineros se caracteriza por esconder a sus elementos cada vez que deben asumir una responsabilidad. Son verdaderos artistas para rehuir a la Justicia y expertos en arrancar en situaciones de conflicto.

Por ejemplo, cuando un policía a caballo golpeó al fotógrafo de EFE y se supo la gravedad de la lesión, los mandos escondieron al grupo de carabineros que operaba en esos momentos y luego dijeron que no podían identificar al responsable: Y el responsable nunca dio la cara para asumir su acto.

En los asesinatos del subcontratista y del joven en zona mapuche, Carabineros hizo todo para ocultar a los responsables.

En las manifestaciones, tropas y oficiales suelen esconder sus nombres y números de placas para no ser identificados cuando golpean e insultan a manifestantes.

Sin embargo, cuando se trata de ciudadanos que cometen actos de agresión u hostilidad a Carabineros, en pocas horas o días son identificados por la Inteligencia policial, puestos a disposición de los Tribunales y reciben serias penas que incluyen la cárcel.

Tanto el Subsecretario Harboe como el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, han sido emplazados por organismos de derechos humanos, dirigentes sociales y profesionales de la prensa a que así como suelen destacar la identificación y detención de manifestantes, hagan lo mismo con los carabineros que cometen agresiones y dejan muertos o lesionados. Ambos personeros, por cierto, suelen defender a los policías.

“Recurrir a la represión”.-

En diversos sectores de la sociedad chilena crece la preocupación por la agresividad de los Carabineros.

En un editorial, la revista “Punto Final” señaló que “el gobierno ha elegido el camino fácil para enfrentar los problemas sociales”, optando por “recurrir a la represión para sofocar las protestas”. Recordó que “a la cabeza de esta política represiva están el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el subsecretario Felipe Harboe”.

El análisis fue más allá y planteó que, dado lo que está ocurriendo con los episodios represivos hacia el movimiento social, se puede hablar de que “una verdadera guerra interna preventiva está en desarrollo”.

Ante la arremetida de Carabineros, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos emitió un comunicado donde indicó que se están aplicando métodos represivos que recuerdan los tiempos de la dictadura, lo que incluye hasta el uso de helicópteros para amedrentar al movimiento social. La declaración planteó que se está “criminalizando” las manifestaciones y expresiones ciudadanas.

Una nota del diario “El Siglo” denunció “la política represiva impulsada desde el Ministerio del Interior en contra de la protesta social y sindical, que este año ya se anota un llamativo balance de violaciones a los derechos de las personas”.

Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, declaró que “no se puede seguir esta escalada de violencia y criminalización”.

La Iglesia no se quedó atrás. Monseñor Alfonso Baeza sostuvo, en contra punto de la doctrina de Carabineros, que “el orden público no lo confundan con represión”.

Todo indica que más que “excesos”, lo que está ocurriendo en Chile es la implementación de una doctrina de mantenimiento del “orden público” asimilada a Carabineros y respaldada desde el Ministerio del Interior que priorizaría, precisamente, por “el orden” frente a expresiones del movimiento social.-

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