THE PASKIN RECIBE CARTA DESDE VENEZUELA

ALBERTO:

Desde hace meses recibo tus correos lo que permite abrir los diversos artículos que Publica The Paskin. Es extraordinaria la labor que realizan.

Hace pocas semanas atrás remití como Coordinador del Comité de Chilenos Residentes en Venezuela Pro Convenio de Seguridad Social,una Carta Pública a la Presidenta Bachelet, que te acompaño en archivo adjunto. La misma enviada a la Presidenta Bachelet fue remitida a los parlamentarios de todas las toldas políticas. ¿Cuál fue la respuesta de todos ellos? Silencio absoluto. Ni un solo acuse de recibo DE NADIE.

Ante ello, quiero recurrir a ti para que THE PASKIN publique esta carta y ver si mediante esta acción, alguien en Chile se interesa por el problema denunciado.

Gracias de antemano.

Atentamente
JAVIER L. HUENCHULLAN S.

COMITÉ DE CHILENOS RESIDENTES EN VENEZUELA

PRO CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL

comiteconvenio@yahoo.es

Teléfonos: (58-212) 3714690/9414109

CARACAS - VENEZUELA

CARTA PÚBLICA A LA PRESIDENTA DE CHILE

Excma. Señora Presidenta de la República de Chile

Dra. Michelle Bachelet J.

SANTIAGO

CHILE.-

De mi más alta consideración:

Como es de público conocimiento en Agosto de 2001 los Presidentes de Chile y Venezuela Srs. Ricardo Lagos y Hugo Chávez firmaron un Convenio de Seguridad Social tendiente a resolver la problemática que, entre otros, presentan aquellos compatriotas que durante la dictadura emigraron a Venezuela, país en el que debieron aportar al Sistema de Seguridad Social local, ingentes recursos y años de cotizaciones destinados, de conformidad a sus leyes, a constituir un fondo de pensiones.

Han transcurridos algo mas de seis (6) años desde su firma y observamos con profunda desilusión la “dilación” a que le ha sometido la contraparte venezolana observando que a quienes se les delegara el mandato de su implementación - en ambos países – pareciere que les es más interesante su dilación que la implementación, motivo por lo cual recurrimos a esta última vía para dirigirnos a usted públicamente en la búsqueda de una solución definitiva.

Como le señaláramos en su oportunidad, existen cerca de 45.000 ciudadanos chilenos jefes de familia que se radicaron en Venezuela debido a la intolerancia del régimen dictatorial impuesto en Chile a partir de 1973, de los cuales unos cuantos miles retornaron nuestro país. En su gran mayoría, estos compatriotas salieron de nuestra patria para salvar sus vidas, por diversos medios. Los más jóvenes de aquella diáspora, circundan hoy los 60 años, los mayores pasan de los 80 años y unos cuantos ya descansan en paz.

Con el respeto que todos ellos nos merecen y ante la situación que viven estos compatriotas y sus familias, queremos hacerle presente Sra. Presidenta, un criterio que desde mediados del 2005 ronda en nuestras mentes, aún cuando sabemos que Usted no se encuentra involucrada: consideramos que un Jefe de Estado no necesita ceder ante presiones para firmar un convenio bilateral en el cual no cree como tampoco, estampar su firma en éstos por la euforia momentánea de adquirir unos cuantos centímetros de protagonismo comunicacional. Menos debe rubricarlo, sí lo hace sólo con la intención de hacer registros históricos, para aparecer como un Presidente fue consecuente y solidario del dolor y la desgracia ajena.

Este Comité así como un gran número de compatriotas interesados en el tema, llevamos años en infructuosas gestiones, contactando a diversos funcionarios del mas alto nivel de Chile, con el único propósito de conseguir su aplicación, gestiones que no han conducido a nada hasta el día de hoy. Destacan, entre las muchas realizadas, una reunión sostenida en el mes de Julio de 2005 en Caracas con la Directora para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX) y del Director de Política Consular de la Cancillería chilena acompañados por funcionarios de la Embajada y Consulado de Chile en Venezuela; reuniones de trabajo con los Embajadores de Chile en Caracas Srs. Fabio Vio, Claudio Huepe y Miguel González; traslado a Santiago de un miembro del Comité a entregar informaciones en la Secretaria de la Presidencia antes de que Ud. viniere a Venezuela en Julio de 2007, ocasiones todas en que aportamos propuestas serias en búsqueda de la solución que no aparece por ningún lado.

Supimos en su oportunidad que Venezuela no reconocía el Acuerdo Administrativo alegando un poco mas tarde, cuando se les demostró que para el momento de la firma del Convenio, ambas comisiones lo habían aprobado, que el Convenio se habría firmado existiendo un vacatio legis en Venezuela cuestión ésta que nos permitimos en su oportunidad rebatir jurídicamente para que finalmente luego de prolongadas e inútiles conversaciones entre ambos países, en la Declaración Conjunta que Ud. firmara con el Presidente Hugo Chávez en su viaje a Caracas de Julio de 2007, se terminare reconociendo por Venezuela, que el Convenio estaba vigente. Aún así, aceptando las autoridades chilenas se discutiere el Protocolo de Enmienda propuesto por Venezuela cuyo único propósito era corregir problemas de forma, las enmiendas fueron aprobadas por las respectivas comisiones, pero…pasaron a ser estudiadas por la contra parte venezolana, informándose a Chile casi al término del plazo previsto para pronunciarse, un nuevo argumento vinculado ahora a las pensiones de invalidez, tema que no debe ser modificado porque ello conllevaría a que ya no se está modificando la forma sino que se toca un tema de fondo, que varía el texto aprobado en el 2001, lo que consideramos un “nuevo elemento” que nos devuelve a fojas cero para enfrascarse en un debate no conocemos en qué concluirá.

Cuando la República Bolivariana de Venezuela aceptó discutir el establecimiento de este Convenio, estaba en pleno conocimiento de que nuestro sistema previsional se constituía con aportes personales del trabajador, es decir, conocía a cabalidad que el sistema de pensiones y de asistencia médica requería exclusivamente el esfuerzo individual del trabajador, tanto así que el Convenio deja tácitamente establecido en ámbito jurídico que aplicará Chile mediante el Artículo No. 16. Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Venezuela argumentaron, estando el Convenio ratificado y promulgado en ambos países, DESIGUALDAD EN LOS SISTEMAS PREVISIONALES que perjudican a los venezolanos residenciados en Chile, no siendo más que otro argumento engañoso con pretensiones de evadir su aplicación, pues estimamos que esto esconde el temor a un mayor desembolso de dineros que haría el Estado Venezolano respecto del Chileno, al aplicar la transferencia – a petición del interesado – de sus cotizaciones a Chile. Señalamos a las autoridades chilenas frente a ello, que los fondos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores en Venezuela, PROVIENEN DE APORTES QUE REALIZAN TRABAJADORES Y PATRONOS, SIN NINGUN PARTICIPACION DEL ESTADO, arrogándose éste, la misión de depositario, guarda y custodio de dichos recursos para que, cumplidos los requisitos señalados por la Ley, el trabajador acceda a los beneficios allí establecidos. Mal podría argumentarse que será el Estado venezolano el que “asuma un mayor desembolso”, ya que dichos fondos están constituidos por el esfuerzo individual de trabajador y patrono y entregados al Estado, quien debe preservarlos para cumplir lo dispuesto en la Ley así como, resguardarlos de devaluaciones, malversaciones y pérdida de poder adquisitivo, constituyéndose en consecuencia, EN EL ADMINISTRADOR DEL FONDO GENERAL DE PENSIONES existentes en el IVSS.

Sí no existe intención por parte de Venezuela para resolver el tema de la concreción del Convenio es preferible que Chile les inste a revocarlo, pues estimamos que no se puede ni se debe seguir alimentando falsas esperanzas de aquellos idealistas que soñaron con un mundo mejor y en un momento de sus vidas se vieron obligados a huir de su patria producto de una de las dictaduras más criminales de la historia de la humanidad.

Pareciere que se espera que los posibles beneficiarios del convenio vayan muriendo uno en uno para perpetuar en la historia, que dos Presidentes hicieron justicia promulgando un Convenio de Seguridad Social. Lo que imaginamos que nunca se dirá, es que fue un Convenio que no tuvo un solo beneficiario. Esperemos que eso no ocurra.

Dra. Bachelet, este convenio requiere de su intervención directa para recabar del Gobierno de Venezuela su inmediata concreción. No se haga cómplice de una indolencia que se arrastra por años. Si realmente estima que el Convenio de Seguridad Social entre Chile y Venezuela hace justicia, le agradeceríamos altamente establecer un mecanismo que permita a su Gobierno definir si se concreta o no el Convenio o se deja sin efecto. No permita que se siga alimentando falsamente las esperanzas de esos 45.0000 compatriotas.

Es justicia que esperamos nos conceda en la ciudad de Caracas, a los quince días del mes de Noviembre de 2007.

JAVIER HUENCHULLÁN S.

C.I. V-18.738.556

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