Por Claudio Valenzuela

Con los votos del ministro de Hacienda, Andrés Velasco y la ministra de Minería, Karen Poniachik, el directorio de Codelco dio luz verde para llevar a la justicia la resolución de la Dirección del Trabajo, desatando nuevas movilizaciones en los trabajadores que están decididos a defender a todo evento la que consideran una conquista de su movimiento.

Como se temía, dados los negativos precedentes de acciones similares presentadas por empresas privadas, la tarde del miércoles la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite los dos recursos de protección presentados por Codelco en ese tribunal y las dos órdenes de no innovar contenidas en ellos, por lo que se paralizó la instrucción de la Dirección del Trabajo (DT)de internalizar a los empleados subcontratistas en Chuquicamata y Radomiro Tomic.

La administración de José Pablo Arrellano presentó sendos recursos de protección frente a las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Copiapó, el martes y acciones similares el día miércoles, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por las divisiones Andina y Ventanas, y el tribunal de Rancagua por el caso de El Teniente. Todo con el objeto de inhabilitar la resolución y facultades de la Dirección del Trabajo sobre la aplicación de la Ley de Subcontratación en la gran minería, por su parte la Confederación de Trabajadores del Cobre anunciaron un paro de 24 horas, donde llaman a todos los sectores de trabajadores subcontratados a sumarse a la manifestación.

Los recursos judiciales presentados se refieren a la fiscalización realizada en las divisiones Codelco Norte y Salvador, a los que se agregarán en los próximos días los correspondientes a las divisiones Teniente, Andina y Ventanas.

Los trabajadores, que están decididos a dar la batalla en todos los planos para defender esta conquista, preparan también una contra ofensiva judicial, acompañada de una fuerte movilización que se iniciaría con un paro de advertencia de 24 horas.

Es que la actitud de la estatal, rebasa cualquier sentido común y da cuenta de que el directorio de Codelco actúa de la forma más extrema que aconseja la explotación capitalista del modelo neoliberal, dejando de manifiesto, además, que la presencia de este sector al interior del Gobierno resulta ser extremadamente fuerte y decisiva, según se desprende del apoyo de la administración a la judicialización de la resolución de la Dirección del trabajo, la que habría contado con el apoyo irrestricto de un sector del Gobierno encabezado por Andrés Velasco y la ministra Poniachik, quienes además concurrieron con sus votos al interior del directorio de Codelco para aprobar la judicialización.

Con ello, al igual que durante la huelga que en julio desarrollaron los trabajadores subcontratistas, quedan en evidencia las dos almas que conviven dentro del Gobierno, ambas neoliberales, pero cuyos intereses se contraponen a la hora de intentar darle un pequeño respiro a la explotación que ha pasado a ser regla en nuestro país.

De esta manera, por una parte el Estado fiscaliza el cumplimiento de una ley, a través de la Dirección del Trabajo y por otra, a través de otra institución igualmente estatal como Codelco, se obstruye su cumplimiento, debelando nuevamente que el compromiso de los sectores neoliberales más extremos del Gobierno, están mucho más cercanos al interés empresarial, que al programa, los compromisos, ni el costo político que pueda pagar la Presidenta, quien se comprometiera con los subcontratistas del cobre para terminar con los trabajadores de primera y segunda y tuviera una participación directa en el impulso a la ley.

Por otra parte, el conflicto entre la DT y Codelco, en que este último aparece alineado con las trasnacionales de la minería, deja en evidencia la fragilidad de un sistema amarrado a los sectores empresariales, los que traspasan, superan y burlan a todos los poderes del Estado. Muestra de ello es el reciente ejemplo de prepotencia de Alfredo Ovalle, presidente la Confederación de la Producción y el Comercio, quien groseramente cuestionó y llamó a terreno a la Presidenta, peor es el caso, cuando estos sectores se encuentran claramente enraizados en el Gobierno. Es por esto que los dichos de Codelco no hacen más que confirmar que la administración de José Pablo Arrellano, se siente con la facultad de traspasar todos los limites políticos, al no escatimar esfuerzos en crear un nuevo conflicto en el Gobierno, esta vez representado, por un lado, por la dirección del Trabajo y el ministro de la cartera Osvaldo Andrade, frente a Karen Poniachik, Andrés Velasco, el grupo Luksic, las mineras privadas, las constructoras, las forestales y las salmoneras, estas últimas, próximas a ser fiscalizadas para verificar el fiel cumplimiento de la citada ley.

Codelco: Incumplimiento de deberes funcionarios

Para los asesores jurídicos de la CTC, la decisión de Codelco no sólo es contradictoria con el texto de la ley que entrega expresamente la competencia para fiscalizar a tal organismo público, sino que, además, constituye un acto ilegal destinado a expropiar los derechos incorporados al patrimonio de los trabajadores subcontratados, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, contradiciendo la Constitución Política y el estado de derecho, ya que sólo se puede privar un derecho previa dictación de una ley expropiatoria y previo pago de las indemnizaciones correspondientes.

Adicionalmente y como lo señalara el senador Camilo Escalona, los funcionarios públicos de Codelco que ordenen la judicialización de dicho informe estarían incurriendo en un incumplimiento de deberes funcionarios.

En este orden de cosas es necesario tener a la vista que eventualmente se podría configurar el ilícito penal de abusos contra particulares establecido en el artículo 256 del Código Penal, en relación al artículo 260 del mismo cuerpo legal, entre otros.

Contradictoriamente con esta tesis, el Gobierno señaló que las empresas, tanto públicas como privadas, tienen el derecho a recurrir a los tribunales y que estos últimos son los que tiene que resolver. Frente a la contienda que se abriría entre Codelco y la Dirección del Trabajo, “lo que le importa al Gobierno es que la ley se cumpla y si hay diferencias entre el organismo que fiscaliza y la empresa afectada, quien lo resuelve en Chile, ese tipo de problemas son los tribunales de justicia”, señaló el nuevo vocero, Francisco Vidal.

La mentira del alza de costos

La nueva arremetida de Codelco, expuesta a través de El Mercurio, donde se señala que la internalización de los trabajadores Contratistas significaría para la estatal un costo de 308 millones de dólares, se muestra cada vez más claramente como una maniobra comunicacional, destinarla a restarle legitimidad al movimiento de los trabajadores frente a la sociedad chilena e instalar la idea de que la incorporación de los contratistas se haría a costa del bien común, puesto que significaría menos recursos fiscales.

Si la cifra entregada por José Pablo Arellano, resultara cierta, cada trabajador recibiría $5.200 dólares mensuales, es decir, $2.600.000 (dos millones seiscientos mil pesos), resultando evidente que la trampa está en que al calcular el sueldo promedio, suman los sueldos exorbitantes de los miembros del consejo, altos ejecutivos, hasta el más humilde de los trabajadores.

Más aún, no se señala nada sobre la parte de los recursos que se quedan en las arcas de las actuales empresas contratistas, las que dejarían de gastarse por el ingreso de los trabajadores a la planta. Un documento recientemente filtrado a la prensa señala que solo la empresa contratista CIMM, recibiría de Codelco $70 millones de dólares anuales, los que se dejarían de pagar, por tanto estos gastos debieran ser descontados de los cálculos de la Cuprífera, dejando más en evidencia la maniobra de Arellano.

Nuevas Movilizaciones

A las 18 horas del martes, en las cinco divisiones de Codelco los trabajadores Contratistas del Cobre se manifestaron en marchas pacíficas exigiendo que se cumpla la ley se subcontratación, Cristian Cuevas, presidente de la CTC, señalo desde Rancagua que las asambleas ratificaron convocar a un paro nacional de 24 horas.

En relación al recurso de protección Cuevas señaló que “esto corresponde a una primera señal, negativa, pero que hay que entender que esa no es la judicialización. Más bien esto corresponde a la idea de retardar el proceso de la implementación de la internalización y evitarlas eventuales multas, por parte de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, es una orientación clara, cuyo fin es probar cual es la disposición de los actores políticos, en este caso al Gobierno a avalar, eventualmente una judicialización en lo formal”

“La judialización es un contrasentido, porque se estaría desautorizando, o por lo menos entregando una orientación distinta a lo que ha entregado el Estado, el Gobierno y los legisladores. Nosotros le solicitamos a la presidenta definir cual será la conducta de su Gobierno, si es por aplicar las leyes, o es que las empresas recurran a los tribunales, sabiendo que los tribunales, en su mayoría, no fallan a favor de los trabajadores, que quede claro que los trabajadores de nuestro sector van a resistir, tal como se ha aprobado en estas asambleas”, señaló Cuevas.

Al cierre, la CTC, requerida por los medios de comunicación, señaló que la presidenta debe cumplir los compromisos con los trabajadores de Chile.

“En el Gobierno de Ricardo Lagos, se mandató al Congreso a legislar, lo que fue respaldado unánimemente por todos los sectores políticos y en este Gobierno que tiene que aplicarse la ley, se encuentra bajo amenaza, por la conducta reprochable de Codelco Chile, la principal empresa del Estado, que esta matando la ley de subcontratación, afectando a miles de trabajadores, no solo de la minería, sino de los servicios, la banca, de los sectores del Agroindustria y en este marco esta confederación ha convocado a todos los contratistas del sector minero a un paro nacional, de advertencia de 24 horas.

Estamos haciendo los esfuerzos para que todos los trabajadores contratistas de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, se movilicen, nosotros no estamos para simulacros, estamos para cumplir la ley”, señalo Cuevas.

El presidente de la CTC señaló que esperan que la presidenta oriente una mesa de negociación entre el Gobierno, Codelco y la CTC, por que aquí estaría en juego el trabajo de más de 5000 mil trabajadores contratistas, ya que Codelco puso aviso en los medios de comunicación para contratar personal, para remplazar las funciones de los trabajadores, señalo el dirigente.

Cristian Cuevas señaló que “no permitiremos el despojo, el conflicto ya está hecho y se han ganado un conflicto de envergadura social, contamos con el respaldo de los trabajadores y llamamos a los legisladores a que se pronuncien, si las leyes son para aplicarlas o para mandarlas al cementerio” manifestó Cuevas.