Jorge Arrate

La dura realidad política e institucional chilena parece fijar el rumbo a quienes en ella participan por el camino de las formalidades –con mayor o menor disidencia tanto del oficialismo en el gobierno como del oficialismo opositor–. Los grandes asuntos ideológicos discutidos a lo largo del siglo XX, así, habrían sido eliminados por la dictadura y enterrados por la coalición que la sucedió.

Sin abandonar el marco de 18 años impuesto por los pactos y acuerdos que derivaron en el reemplazo de la dictadura por un espacio nominalmente democrático, parece posible iniciar una discusión que, de tener efecto, podría abrir los discursos para considerar esos asuntos fundamentales.

Una de las características de la transición política en Chile han sido los “consensos” políticos para posibilitar cambios legislativos. Ninguna reforma a la Constitución o a una ley orgánica constitucional ha sido posible sin a lo menos algunos apoyos de derecha. Cuando se precisan en el Congreso más votos de los que se tienen (o se supone o se cree que se tienen), el crudo realismo indica que hay que buscarlos más allá de las propias filas.

Al comienzo –en particular mientras la derecha contó con el total o la mayoría de los senadores designados– negociar pudo interpretarse como un gesto de cautela o una necesidad política. Con el tiempo, los consensos fueron haciéndose naturales. Se convirtieron en un método de gobierno, en el espacio privilegiado de una política en que la elite dirigente ha ido sustituyendo a las grandes mayorías.

Este tipo de consenso implica una expropiación de la posibilidad ciudadana de definir democráticamente los grandes temas nacionales.

La derecha desniveló la cancha a su favor para imponer una suerte de veto legislativo. En efecto, en virtud del binominal los votos de la coalición derechista, en las parlamentarias, valen en principio dos, los de la Concertación uno y los de la izquierda excluida cero. ¿Cómo entra un equipo a jugar un partido de fútbol si sabe que los goles del adversario valen por dos? ¿Cómo juega el que sabe que los suyos valen el doble que los de su rival?

En diecisiete años la Concertación no encontró el camino para cambiar esa norma insólita. No pudo o no lo intentó con la decisión suficiente. Ahora, luego del acuerdo sobre la LOCE, la presidenta ha sugerido uno sobre el sistema electoral. La derecha ha mostrado de inmediato un burlesco desinterés.

Entiendo que los gobiernos deben exhibir logros y no puras justificaciones de impotencia. Si la opción es no evidenciar el conflicto y, en cambio, negociar algunos mejoramientos, hay que armar un “consenso”. Lo que no pareciera necesario es celebrarlo como si fuera una victoria, cantar el himno nacional, tomarse de las manos y anunciarle al país una reforma educacional histórica cuando, más allá de sus posibles méritos, claramente no lo es.

Dice la enciclopedia: “El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía.” Señalan los especialistas que una de las explicaciones de esta conducta es que los secuestrados piensan que no hay posibilidad alguna de escapar.

¿Es este el sentimiento que impera en la Concertación? Si lo es, habrá de ser en la Concertación "oficial”, porque muchas ciudadanas y ciudadanos concertacionistas no comparten esa resignación ante la de derrota ni aprueban sus consecuencias.

La democracia chilena está secuestrada por la derecha. Es posible luchar por liberarla. Para hacerlo el primer paso es estar dispuestos a unir fuerzas, a iniciar un nuevo ciclo y a realizar un giro político de verdad.