DOCUMENTOS DEL PASKIN

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Los gobiernos de la Concertación asumieron el modelo económico heredado del régimen militar, a pesar de que sus economistas lo habían cuestionado desde la oposición a Pinochet. Al mismo tiempo, el sistema político consagrado en la Constitución de 1980 no ha sido modificado radicalmente, a pesar que su régimen electoral binominal impide la participación política plena de todos los chilenos y que el concepto de Estado subsidiario que allí se consagra inhibe el accionar del sector público. Así las cosas, se podría decir que durante los diecisiete años de gobiernos de la Concertación, coalición calificada de centro-izquierda, el país no ha avanzado hacia una sociedad incluyente y en cambio se ha construido una muralla cada vez más alta que divide económica, social y políticamente a los chilenos.

Por otra parte, los gobiernos de la Concertación y sus partidos no han querido o no han sido capaces de desafiar el duopolio de las comunicaciones, las cadenas de El Mercurio y La Tercera, ni tampoco esa presencia agobiante de los canales de televisión, lo que ha impedido la democratización informativa y cultural. Finalmente, luego de la consabida corrupción pinochetista, con sus privatizaciones amañadas y negociados personales, es doloroso constatar que en los últimos años de la Concertación se han presentado manifiestos hechos de corrupción en el sector público y también se han establecido vínculos estrechos entre la política y los negocios, lo que ha comprometido a personeros políticos del bloque gubernamental.

Modelo económico concentrador

Consecuentemente, el ciclo político que restauró la democracia en 1990 no cumplió con las tareas que se propuso. Los gobiernos de la Concertación aplicaron rigurosamente el decálogo del Consenso de Washington, que es lo mismo que decir neoliberalismo (2). En vez de desafiar el modelo económico y las políticas sociales excluyentes de la focalización se optó por su continuidad.

Es cierto que el modelo económico y sus políticas sociales disminuyeron la pobreza, gracias al notable crecimiento, el consiguiente aumento del empleo y los mayores recursos destinados a programas sociales. Pero, la persistencia de la focalización como enfoque social gubernamental y la vigencia de la acción empresarial en la salud, la educación y en la previsión han dividido a los chilenos, generando una brecha social de envergadura.

Asi las cosas, se ha consagrado en el país una educación inservible para los pobres y capas medias, junto a una educación privada empresarial para las familias de altos ingresos. Los niños pobres tienen asegurada la pobreza, aquellos provenientes de capas medias viven un futuro incierto y los hijos de familias ricas tienen garantizadas las mejores universidades en Chile y en el extranjero. Los recursos fiscales, siempre magros gracias a una política restrictiva tanto en periodos de auge económico como de disminución de la actividad económica, focalizan la salud en los sectores de extrema pobreza, con hospitales derruidos, largas filas de enfermos, médicos mal pagados y un AUGE de implementación confusa; pero, al mismo tiempo, existe el sistema de Isapres para los ricos en clínicas tecnológicamente sofisticadas, casi hoteles de cinco estrellas. Finalmente, el sistema de las AFP entrega a los ricos altas jubilaciones, pero pensiones miserables para ancianos pobres y sectores de ingresos medios. El tratamiento distinto que se brinda a la población chilena en educación, salud y previsión, según diferencias de ingresos, es éticamente cuestionable, políticamente insostenible y debilita los recursos humanos del país.

Por otra parte, el modelo económico golpea seriamente a los trabajadores, y ha colocado en condiciones de vulnerabilidad a pequeños empresarios y consumidores. La economía chilena, fundada en el mercado libre, con Estado mínimo, apertura económica indiscriminada al mundo, con una política económica de superávit fiscal y con un sistema impositivo regresivo, no ha sido capaz de nivelar el campo de juego a favor de los débiles, fortaleciendo más bien las posiciones económicas de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

Debilitamiento de los trabajadores

La mala distribución del ingreso se explica en gran medida por el escaso poder de negociación de los trabajadores. En los gobiernos de la Concertacion, entonces, se ha debilitado el movimiento sindical. En efecto, los trabajadores sin contrato han aumentado, la tasa de sindicalización ha disminuido y también ha disminuido el número de trabajadores que negocian colectivamente. Paralelamente, una gran cantidad de trabajadores se ven afectados por el uso abusivo de la subcontratación que utilizan los empresarios para hacer difusa la persona del empleador, utilizando numerosas razones sociales que permiten eludir el pago de gratificaciones y las cotizaciones provisionales. Con esta triquiñuela pueden coexistir en la empresa trabajadores que realizan las mismas labores, pero que pertenecen a una o varias empresas subcontratistas, con salarios distintos y restando derechos a la sindicalización y la negociación colectiva. De esta forma es que se ha acrecentado la precariedad labora en el país.

Las iniciativas gubernamentales en el ámbito laboral han favorecido muy marginalmente a los trabajadores. Lo único destacable es el seguro de desempleo que, aunque poco generoso y escasamente utilizado, apunta en una dirección positiva. La reforma laboral propuesta durante el gobierno del Presidente Lagos no cumplió con los dos temas centrales que diferenciaron su campaña electoral con la del candidato Lavín. Por una parte, la reforma no ayudó a potenciar la negociación colectiva y, por otra parte, tampoco se impidió a la patronal la recontratación de trabajadores cuando se producen huelgas.

Finalmente, las arbitrariedades empresariales encuentran serias dificultades de supervisión por el escaso número de inspectores del trabajo frente a una elevada suma de violaciones del Código del Trabajo. Adicionalmente, la Dirección del Trabajo muchas veces es coartada en sus determinaciones por fallos de tribunales que, por la vía del recurso de protección, dejan sin efecto las sanciones cursadas por la autoridad.

La cancha se inclina contra las pequeñas empresas

La concentracion patrimonial es la fuente primaria de la desigualdad. No sólo económica, sino social, politica y cultural. La revista Forbes coloca entre las mayores fortunas del mundo a Andrónico Luksic, Eleodoro Matte y Anacleto Angelini, ranking del que siempre estuvieron muy alejados los empresarios chilenos. Estos personajes y sus familias se convirtieron en ricos mundiales, primero, gracias a la dictadura y luego a la Concertación. No son los únicos que se han beneficiado de la apertura indiscriminada, de las privatizaciones, de un Estado timorato para regular y que ha convertido en un negocio la salud, la educación y la previsión. A estos los siguen otros de menor envergadura, pero también poderosos, como Ricardo Claro, Saieh, Piñera y los capitalistas extranjeros aglutinados en la Telefonica, Enersis, Telecom, entre otros.

El alto grado de concentración patrimonial en manos de unos pocos grupos económicos ha colocado en difícil posición a las pequeñas empresas. Los gobiernos de la Concertación no las han favorecido con una política de fomento efectiva para nivelar el juego, en un mercado hegemonizado por los grandes empresarios.

Los programas de la Corfo, en apoyo tecnológico y capacitación, son básicamente pilotos, favoreciendo a un numero muy reducido del universo de pequeños empresarios. Por otra parte, en momentos de reducción de la tasa de instancia monetaria del Banco Central sus impactos financieros favorables alcanzan rápidamente al gran capital pero escasamente llegan al pequeño. En efecto, los micro y pequeños empresarios deben pagar entre cinco a diez veces más por el costo del dinero, lo que bloquea sus iniciativas de negocios. Cuando la tasa de interés del Banco Central se eleva, como sucede actualmente, la situación de los pequeños empresarios se hace aún más difícil. No hay razón alguna, excepto la falta de voluntad política, para que el Banco del Estado masifique su apoyo financiero a las pequeñas y microempresas, sobre la base de tasas de interés a lo menos similares a las que cobra al gran capital. Ello podría arrastrar a la baja el costo del dinero en el conjunto del sistema financiero y aumentar la potencia de la economía, con efecto favorable en la creación de empleo.

La concentración económica y la hegemonía de los grupos económicos se proyecta dramáticamente a los medios de comunicación. En efecto, el Grupo Matte controla la cadena de El Mercurio y el Grupo Saieh la cadena de La Tercera (Copesa), ambos con revistas y diarios repartidos a lo largo de todo Chile. Por otra parte, con Ricardo Claro controlando Megavisión, junto a influencias manifiestas de grupos económicos en otros canales de televisión el pensamiento único se ha convertido en incontrarrestable. Este pensamiento uniforme defiende, con toda su fuerza, la institucionalidad económico-social que reproduce sus intereses y descalifica, oculta o ataca virulentamente cualquier reforma que se le pueda introducir. En este caso, la concentración económica y su proyección a los medios es una expresión adicional de la desigualdad que recorre el país, vulnerando la trasparencia informativa y el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva y enfoques interpretativos diversos.

Los gobiernos de la Concertación no han actuado a favor de la democratización de los medios de comunicación. La tesis de que “la mejor politica comunicacional es la que no se hace”, sostenida por Tironi y Enrique Correa, durante el Gobierno de Aylwin, se ha impuesto, impidiendo confrontar la hegemonía del pensamiento dominante y ha cerrado las puertas a la diversidad. Consecuentemente, esa misma política ha sido generosa en el avisaje gubernamental a favor “la gran prensa” y ha clausurado el acceso a los medios independientes, obligando al cierre de revistas y diarios como Análisis, APSI, La Epoca, Plan B, Siete Más Siete y Rocinante.

Consumidores, usuarios y clientes vulnerables

El modelo económico imperante ha colocado a los consumidores, usuarios y clientes en condiciones de manifiesta de vulnerabilidad. Expresión de ello es la fijación de precios arbitrarios y los pagos diferidos de los supermercados a los pequeños agricultores y otros proveedores; los acuerdos de precios oligopólicos del negocio farmacéutico así como la arbitrariedad para disponer a su antojo de las medicinas para la venta, como ha sucedido recientemente con la píldora del día después; y, las tarjetas de crédito de los grandes almacenes comerciales, que recargan de forma usurera los costos financieros del pago de los bienes comprados a crédito.

También, la vulnerabilidad ciudadana se hace evidente con las tarifas, muchas veces arbitrarias, en los servicios de utilidad pública: cuentas telefónicas, electricidad y el agua potable. En efecto, las jefas de familia observan con perplejidad esas cuentas que reciben todos los meses en las que se desconoce lo que se está pagando. Cifras inexplicables aparecen en las cuentas telefónicas y cuando emerge un reclamo las empresas responsabilizan al cliente, el que debe hacer largas filas y gastar tiempo en explicar a las ejecutivas que no se han llamado parientes en el extranjero o a centros telefónicos pornográficos. Las distribuidoras de gas amenazan que la cuenta puede subir en cualquier momento porque los argentinos han reducido el abastecimiento. Las empresas de electricidad han inventado cálculos de pagos en que siempre pierde el consumidor; y las empresas sanitarias aumentan sus precios porque las constructoras se olvidaron de contemplar en su momento los sistemas de aguas lluvias. Casi siempre en estas disputas se impone el argumento de las empresas, porque el peso de la prueba se ha depositado en el ciudadano, en el cliente, y no en quien presta el servicio.

La concentración económica, las desigualdades sociales y la vulnerabilidad ciudadana se han convertido en fenómenos peligrosos que anuncian tensiones sociales para los próximos años. La focalización de la pobreza, rostro social del modelo económico, ha dado por resultado la universalización de la desesperanza. La privatización de la salud, la educación y la previsión han ampliado los espacios de ganancia a los empresarios, generando al mismo tiempo una profunda división de acceso a los servicios sociales básicos. Esa misma política de focalización ha acorralado territorialmente a los pobres en poblaciones alejadas de sus centros de trabajo y de los espacios físicos ocupados por los sectores de altos ingresos. Allí viven esos jóvenes que vienen protestando con violencia creciente y de manera anárquica en el último tiempo.

Finalmente, el hecho más dramático y paradigmático de las desigualdades ha sido el desastre del Transantiago. Su pésimo diseño, una licitación apresurada, un mal operador financiero y la mínima disponibilidad de recursos para implementar la infraestructura de paraderos, vías exclusivas y sistemas de trasbordo han puesto en evidencia la escasa preocupación de los gobernantes por los más débiles. En efecto, en Santiago se han concentrado inversiones para autopistas por un valor de casi US$ 2.000 millones, otros US$ 2.000 millones para el Metro, mientras que Transantiago se han invertido menos de US$ 800 millones, de los cuales el Estado apenas ha aportado US$ 100 millones de inversión. Esto muestra una inversión de carácter regresivo en el transporte de Santiago, favoreciendo primero el transporte privado y luego las modalidades menos populares del transporte público.

En suma, el modelo económico ha favorecido principalmente al gran capital, con escasas regulaciones y recursos de fomento para las pequeñas empresas. Ello cierra las puertas al potencial creativo de las personas y restringe las oportunidades de empleo en una economía en que las pequeñas y microempresas crean el 70% de la ocupación. Por otra parte, la debilidad de los mecanismos de protección del ciudadano afectan al consumidor modesto, al cliente débil y al usuario pobre frente a los servicios públicos, las casas comerciales y los supermercados.

Sistema político excluyente

El ciclo político que restauró la democracia en 1990 se ha cerrado con otra muralla divisoria: la mitad de los hombres y mujeres no participan en la vida política. Los jóvenes no se inscriben en los registros electorales, muchos ciudadanos no llegan a votar y una gran mayoría sufraga nulo o blanco.

La masiva ausencia del ejercicio ciudadano expresa el rechazo al sistema electoral binominal de quienes no se sienten representados por los dos bloques políticos mayoritarios. La ausencia de las elecciones también revela insatisfacción de los jóvenes porque se les impide participar plenamente en los partidos políticos o se les excluye de los puestos de representación pública, para asegurar a las cúpulas políticas su reproducción en el poder. Finalmente, la ausencia de los procesos electorales expresa el rechazo ciudadano a que los parlamentarios sean, en la práctica, elegidos al interior de los partidos políticos, lo que hace perder toda relevancia el escrutinio de la ciudadanía.

El Presidente Lagos intentó modificar la Constitución de Pinochet pero no erradicó el aberrante sistema electoral binomial ni tampoco el artículo 19 que le impide al Estado desplegar iniciativas económicas. La firma de Lagos en reemplazo de la de Pinochet no ha cambiado la esencia de una Constitución impuesta en dictadura y tampoco sus cambios tiene legitimidad porque no fueron plebiscitados. Sigue entonces la tarea pendiente se establecer una nueva Constitución que sea plenamente democrática.

Finalmente, no se puede olvidar que el ciclo político iniciado en 1990 ha culminado con la presencia de destacados políticos de la Concertación en los directorios de las grandes empresas o haciendo lobismo a favor de éstas. Y también ha culminado con hechos de corrupción que han afectado los haberes del sector público.

En suma, la transición a la democracia concluyó con la consolidación de un Estado excluyente, una democracia a medias, un modelo económico con claro sesgo neoliberal y una dolorosa corrupción. Esta preocupante realidad se ha hecho presente en el debate al interior de la propia Concertación, pero sin resultados que apunten a su superación. Actualmente, el cuestionamiento y la protesta se manifiestan con más fuerza porque se ha transformado en movilizaciones masivas gracias a los estudiantes de la enseñanza media y a los trabajadores de Codelco. Estas movilizaciones contra una educación inservible y contra un sistema de subcontratación humillante anuncian el nuevo ciclo político que exige enfrentar los desafíos del tiempo presente.

Nuevo ciclo político

Las exclusiones políticas, la concentración económica e informativa, las desigualdades sociales, la vulnerabilidad ciudadana y los fenómenos de corrupción que se han hecho presente en el país plantean desafíos de transformación radical.

En primer lugar, urge derogar la constitución antidemocrática que impuso la dictadura, y que fue maquillada por el ex Presidente Lagos. Es preciso derogar la Constitución del 80 porque sigue siendo una camisa de fuerza en contra de los intereses democráticos de las grandes mayorías, tanto por el excluyente sistema electoral binominal como también porque consagra un "Estado Subsidiario" que le impide al Estado desplegar iniciativas económicas y actuar con flexibilidad a favor de los sectores económicos más débiles.

En segundo lugar, es preciso enfrentar la corrupción, rechazando ese lobismo de políticos cesantes que presiona sobre las políticas públicas a favor de los empresarios. Y, también es preciso terminar con esos vasos comunicantes entre la política y los negocios, que se manifiesta en la creciente participación de ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras, de los gobiernos de la Concertación, en directorios de empresas transnacionales, Isapres, AFP y bancos. Sólo con posturas decentes y categóricas se podrá frenar el poder fáctico del empresariado que corroe la sociedad chilena y que debilita la moral de nuestra sociedad.

En tercer lugar, en el plano económico-social, se debe apuntar a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que enfrente la concentración del poder económico, para nivelar el campo de juego, favoreciendo a los sectores económicos más débiles y para cerrar la brecha de las desigualdades sociales.

Se precisa la transformación del patrón productivo excesivamente centrado en la producción y exportación de recursos naturales. Habrá que diversificar la economía, promoviendo actividades generadoras de mayor valor agregado nacional y favoreciendo así la creación de un empleo de carácter más estable y menos precario. Al mismo tiempo, un nuevo modelo de desarrollo deberá terminar con las políticas de focalización social, para apuntar a la inclusión de todos los niños en un mismo sistema educacional, con un sistema de salud que atienda por igual a los enfermos, independientemente de su origen social, y con un sistema de jubilaciones que entregue condiciones dignas de vejez a todos los chilenos. Finalmente, un nuevo modelo de desarrollo deberá contar con un Estado que con sus políticas públicas apoye el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, favorezca las posiciones de los pequeños empresarios, proteja al ciudadano modesto y potencie la organización de la sociedad civil a lo largo y ancho del país.

Por cierto, un nuevo modelo de desarrollo, de beneficio para todos los chilenos, requerirá, de un sistema impositivo distinto al actual, de carácter progresivo, que aumente paulatinamente el aporte de los sectores de ingresos más ricos y de las grandes empresas para financiar las políticas sociales inclusivas y para promover sectores productivos no tradicionales y apoyar con vigor a los pequeños productores. Así se hizo, y con éxito, en España. Así es en Nueva Zelanda y en otros países que suelen utilizarse como referencia positiva para Chile.

La construcción de un nuevo modelo de desarrollo es una tarea de envergadura que requiere voluntad y un arco más amplio de fuerzas sociales y políticas. Habrá que desafiar intereses poderosos, de grandes empresarios, de medios de comunicación, de políticos y economistas, dentro y fuera de la Concertación. La tarea probablemente exigirá un tiempo largo. No obstante, en lo inmediato, se puede mejorar el sistema regulatorio a favor de los débiles, lo que requiere voluntad política, capacidad de movilización y eficacia legislativa. Además, también en lo inmediato, incluso sin una reforma impositiva, el país cuenta con suficientes recursos para impulsar reformas que fomenten la actividad de los pequeños empresarios, que reduzcan la brecha social en educación salud y previsión social y que fomenten la diversidad informativa y cultural. Esos recursos se encuentran en la eliminación de las exenciones tributarias así como en los recursos provenientes del alto precio del cobre.

Al final de cuentas, para desafiar las desigualdades económico-sociales y las exclusiones políticas que caracterizan a la sociedad chilena hay que retornar a ese espíritu cuestionador en lo político y en lo económico que caracterizó la lucha contra Pinochet. Resulta curioso constatar que los políticos de la Concertación y sus economistas han sido más neoliberales de lo que ellos mismos imaginaron. La vigorosa crítica al modelo, que la oposición a la dictadura realizó hasta fines de los años ochenta, pasó al olvidó cuando se convirtió en gobierno. Como en el cambalache, todo lo que antes se había quemado comenzó a adorarse. El miedo a los poderes fácticos, la falta de voluntad para cambiar lo existente o el convencimiento ideológico que el modelo era correcto, impidió a los gobiernos de la Concertación restituir las posiciones de poder económico y político que la dictadura y los Chicago boys le habían cercenaron a la mayoría nacional.

Así las cosas, los grandes empresarios, que se desarrollaron gracias a la protección estatal que les brindó Pinochet y que luego se consolidaron gracias al liberalismo económico, han vivido el mejor de los mundos tanto en dictadura como en democracia para acrecentar sus negocios. El “amamos a Lagos” que le brindó el Jefe de los empresarios al ex Presidente de Chile, simboliza la satisfacción patronal por los favores recibidos durante un gobierno demasiado generoso con el gran capital. En cambio, los pequeños empresarios, los trabajadores, los estudiantes pobres, los pensionados y la mayoría de los consumidores han debido enfrentar el desafío cotidiano de las desigualdades y vulnerabilidades frente un sistema económico que los agrede cotidianamente. El modelo es neoliberal. Divide a los chilenos y no responde a los intereses de la mayoría y, por ende, hay razones poderosas para exigir su modificación. Por ello es que resulta trágico constatar que la misma generación política que luchó y conoció el proceso de transformaciones a favor de los humildes, que primero impulsó Frei Montalva y luego Salvador Allende, haya terminado administrando el modelo que reinstaló y profundizó las desigualdades en Chile.

*Economista, ex Ministro de Planificación

1.- El decálogo del “Consenso de Washington” es el siguiente: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público a favor de sanidad, educación e infraestructura; reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; y, garantía de los derechos de propiedad.