Sergio Micco

Vicepresidente DC

Cada vez que vemos un delito en nuestra pantalla de televisión o, peor aún, lo sufrimos nosotros o nuestros seres queridos, la reacción inmediata es la punitiva. Se aumentan el número de efectivos policiales, se agravan las penas, se baja la edad de imputabilidad penal, se aumenta la discrecionalidad de los cuerpos de seguridad estatales, se multiplican las cárceles, aparecen policías privadas en empresas y barrios de clase media y alta. Los porcentajes que se gastan en seguridad se disparan. [1]

En estudios internacionales del 2004, Chile era el segundo país latinoamericano con mayor población carcelaria en proporción al número total de habitantes. De ahí la inversión del gobierno.

Como se ve, Chile es parte de un fenómeno mundial en que la seguridad ciudadana pasa a ser un tema central de la agenda pública. Por lo mismo, debemos tener a la vista la experiencia de otros países en estas materias. Ella nos enseña que la delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna.

Por cierto frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado la sociedad tiene el derecho y el deber irrenunciable de defender y sancionar duramente a los delincuentes. Pero muchos más duros debemos ser con las causas de la delincuencia. Y a este respecto digamos que la pobreza y la desintegración social son causas muy relevantes de la criminalidad.

Digamos pues que combatir a la delincuencia no puede ni debe agotarse en la represión de los delincuentes. Una política tan eficaz como humanista debe atacar también las causas de la delincuencia. A este respecto la CEPAL concluía en 1997 que factores de riesgo de la violencia urbana son: a) Desigualdad de ingreso urbano. Entre más alta, mayor riesgo. Chile es, en este aspecto, un país de alto riesgo; b) Pobreza en los hogares urbanos. Chile es un país de bajo riesgo pues tiene alrededor de un 20% de hogares pobres; c) Tasas de desempleo abierto urbano. Chile es un país de mediano riesgo pues su cesantía fluctúa entre 6% y 10%; d) Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan. Chile es un país de bajo riesgo gracias a la reforma educacional pues en esta categoría los jóvenes no alcanzan al 8%; y e) Déficit educacional: porcentaje de niños urbanos de 14 ó 15 años que no han completado seis años de estudio. Chile es igualmente un país de bajo riesgo pues en esta situación hay menos de un 10% de jóvenes.

Sabemos que entre más desocupación juvenil, más altos son las tasas de delincuencia. Y es obvio que se acumula rabia, resentimiento y frustración. Y sabemos que esos jóvenes se juntan en sus casas o en las esquinas de las calles pues no tienen espacios públicos adecuados para su encuentro. Son estigmatizados y sienten que no tienen oportunidades para salir adelante.

Los norteamericanos han demostrado hasta la saciedad que existe también una correlación fuerte entre destrucción del vínculo familiar y delincuencia. Los jóvenes que llegan a los centros de detención provienen en un 70% de hogares sin padre. Cuando el niño de edad temprana no ve valores ni ejemplos de conductas acordes con la moralidad y la sociabilidad, en momentos difíciles de su vida no tendrá pautas claras a las que atenerse. Estudios latinoamericanos realizados van en esta misma dirección.

Finalmente otra correlación positiva es entre nivel educacional y delincuencia. Con excepciones importantes, la tendencia es que si aumenta el nivel educacional la criminalidad baja. La deserción, la repetición y el terminar estudios básicos y medios sin encontrar trabajo aumentan obviamente el tiempo perdido, la frustración y la desesperación. Y a veces esos jóvenes varones botan su agresividad con violencia.

Por eso la vía exclusiva o preferente de la penalización y encarcelación es injusta pues se tiende a “criminalizar la pobreza”. El encarcelamiento afecta sobre todo a jóvenes, varones, pobres, extranjeros e indígenas. Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador. Como lo ha sostenido Joseph Stiglitz es mucho más barato y eficaz invertir en becas de estudio que en cárceles para los jóvenes.

Los jóvenes muertos en Puerto Montt estaban bajo la custodia del Estado de Chile, ante el fracaso de sus familias y comunidades de acogerlos. Las eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles se están investigando a través de un Fiscal del Ministerio Público y un sumario interno. Esperamos que a la brevedad den a conocer sus conclusiones.

Sería bueno que nos preguntásemos si esos jóvenes contaban con un padre, y no solo con una madre o una abuela. Qué hacemos para combatir el machismos chileno que tantos niños deja sin padres.

Deberíamos preguntarnos qué escolaridad alcanzaron esos jóvenes. Y nos debiéramos preguntar que tanto más deberíamos hacer para combatir la deserción escolar en los sectores populares.

Deberíamos preguntarnos si alguna vez los jóvenes tuvieron posibilidad de acceso a un trabajo legal y formal. Y si no fue así, que hacen los empresarios para contratar a jóvenes de bajos recursos y qué incentivos puede ofrecer el Estado para ello.



[1] Destaquemos que no todos los países tienen iguales niveles de delincuencia. Y no todos la combaten del mismo modo. La Unión Europea, con una población de 370 millones de habitantes, tiene una población penitenciaria que incluye a infractores violentos y no violentos de 300 000 personas. Esto equivale a un tercio de los reclusos en Estados Unidos, país de alrededor de 274 millones de habitantes. Destaquemos además que al año 1998 había 198 presos blancos por cada 100 000 blancos; 688 hispanos presos por cada 100 000 hispanos y 1 571 negros presos por cada 100 000 negros.