POR HUGO MERY

El logro de La Moneda de reclutar a Lavín como “comisionado” de seguridad pública en territorio opositor no obvia las agudas diferencias de enfoque con quienes han privilegiado la represión y el confinamiento –incluso en una isla, según propuso el ex candidato- por sobre las medidas preventivas, rehabilitadoras y de reinserción. La muerte de los diez menores presos debiera reorientar el debate hacia estos objetivos.

La muerte de los diez menores presos en Puerto Montt debiera revertir un debate sobre la delincuencia centrado exclusivamente, en las últimas semanas, en la represión y la segregación. Los menores recluidos no sólo no contaban con vigilancia que impidiese la irresponsable quema de frazadas con la que se amotinaron, sino que no eran reeducados para la reinserción social, como contempla la ley penal juvenil, por falta de recursos para ello.

Con razón dijo el encargado regional del Sename que ahora los peligrosos delincuentes de ayer son las pobres víctimas de un sistema insuficiente. La oposición no politizó en exceso el doloroso hecho, aunque algún diputado de la UDI –Marcelo Forni- no pudo resistir la tentación. Las críticas –sin contar la fulminante querella del senador Camilo Escalona- vinieron más bien de quienes son los otros actores del drama, los funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Estos –es justo recordarlo- se manifestaron en mayo, advirtiendo a la Presidenta que venía un “Transename”. Ya hubo otros motines en Cholchol y Lihuén, constituyendo con el de Puerto Montt un reguero de pólvora que puede dar forma a una “bomba de tiempo”.

Lo que queda planteado –en un terreno más político- es hasta dónde pueden converger el oficialismo y la derecha en un problema sobre el que existen visiones muy divergentes. El lunes La Moneda obtuvo un triunfo político al convocar a Joaquín Lavín y obtener de éste el compromiso de convertirse en una suerte de “comisionado” del gobierno en territorio opositor, para lograr un acuerdo legislativo antidelincuencia. A la salida del despacho del ministro del Interior, el ex abanderado de la UDI reivindicó su slogan “la tercera es la vencida”, para poner fin a la puerta giratoria de que disponen los delincuentes. No hay que olvidar que esta frase clásica del lavinismo suscitó réplicas de Bachelet y Piñera durante la campaña presidencial: “la primera debe ser la vencida”. La entonces candidata de la Concertación agregó aún la figura de ”una mano firme y otra acogedora”.

El punto es que Lavín fue siempre consecuente con la actitud de la derecha, que pone el acento en la represión. El fue más lejos aún al reintroducir el concepto de la segregación en una isla, evocando la fantasmal Alcatraz en la bahía de San Francisco de California. El fuerte impacto de las imágenes de dos carabineros asesinados parecieron, desde el 11 de septiembre último, eclipsar un enfoque más sociológico del problema de la delincuencia. El gobierno se siente atenazado entre el repudio general que provocan tales hechos y el rédito que la oposición intenta computar a su favor.

Pero el impacto mediático de los niños delincuentes quemados debiera reponer el foco en una política más integral al abordar la exclusión y sus manifestaciones delictivas. Desde luego que el clima ciudadano no es favorable y el tiempo que tomaría la lucha contra los distintos factores del flagelo no es funcional a los intereses de quienes necesitan exhibir resultados en el corto plazo. Eso es lo que empequeñece la gestión de gobernantes y opositores y hace perder de vista las buenas ideas, por ejemplo, la de la Alianza de asegurar la defensa de las víctimas tanto como la de los imputados. Alcanzan mayor sonoridad las exigencias a la Presidenta de que cumpla su promesa electoral de crear un ministerio de seguridad pública y no sólo una subsecretaría, como propicia Belisario Velasco. La guerra política desbarata así las batallas que en múltiples frentes deben librarse contra el delito.

(Comentario transmitido por radio Universidad de Chile 102.5 FM).