Genaro Arriagada Herrera

Una de las ideas erradas y peligrosas de las últimas décadas fue una exageración -asociada a un “neoliberalismo vulgar”- de que la política no importaba. Los países debían preocuparse de establecer sistemas de mercado pues su buen funcionamiento, por una parte reduciría al Estado y, por otro, haría irrelevante la política, confinándola a una lucha electoral entre grupos que se descalificarían unos a otros en una pugna por un poder cada vez menor, pues las materias esenciales de una sociedad -progreso, estabilidad, distribución de la riqueza, acceso a los servicios de vivienda, salud, educación- serían resueltos por la mano invisible del mercado.
Hoy esa idea está desacreditada. La conciencia generalizada es que “la política importa”, que es clave para el progreso de un país la existencia de un Estado en forma, capaz de cumplir eficazmente sus funciones, incluida la regulación de los mercados; que el desarrollo depende de la solidez y buen desempeño de las instituciones; que la calidad de los partidos y del debate político es esencial para la sociedad; que la política como actividad debe atraer a los mejores y tener virtudes como el respeto, tolerancia, capacidad de construir acuerdos.
Un observador imparcial de los últimos dieciocho años concordará en que nuestro país, que ha experimentado progresos en tantos otros campos, ha venido sufriendo un preocupante deterioro en la calidad de la política cuyas manifestaciones son innegables: partidos políticos y parlamento figuran entre las instituciones más desprestigiadas; creciente rechazo a los partidos; la población desconfía de la política y los políticos y una tendencia a la apatía se desparrama por el cuerpo social.
Crisis en los Partidos
Desde que bajo el régimen militar se empezaron a rearticular las fuerzas democráticas, Chile vio la reconstrucción de sus partidos sobre la base de dos líneas orgánicas: la ampliación del número de sus integrantes y la entrega a esos militantes de base de derechos para que pudieran elegir, en votaciones universales y directas, a sus dirigentes y candidatos. El fenómeno despertó gran interés e hizo pensar que un aire fresco ingresaría a purificar la vida de estas organizaciones.
Pero el proceso, apenas iniciado, se detuvo. Todo ocurrió como si se hubiera decidido ahogar la naciente democracia interna y volver al gobierno de oscuras oligarquías, ahora más rudas que los grupos de notables que en las décadas de los 20 a 50 habían manejado los partidos. Se cerraron de hecho los registros de militantes, el proceso de inscripción dejó de ser transparente quedando entregado a la benevolencia de anónimos burócratas de la organización, el conocimiento de los padrones electorales se hizo clandestino y se impulsaron, desde las directivas, “refichajes” o procesos de “depuración” de los listados de militantes, que permitieron reducir -incluso en decenas de miles- su número. Explicitada o no, era una lógica antidemocrática implacable: a menor número de militantes más fácil la captura de la organización. De este modo, la base partidaria a la que se le había prometido derechos quedó expuesta a la más peligrosa forma de manipulación que es aquella realizada, en cercanía directa, por “pequeños guardianes” de las máquinas nacionales, que reciben el encargo de disciplinar a un número reducido de militantes a los que conocen de manera íntima y con los que están en contacto permanente.
Las expresiones de este proceso son variadas. El número de miembros de los partidos ha caído dramáticamente al punto que en la DC -que no es el peor caso- se estima que hoy participan en sus procesos electorales internos un tercio de los que lo hacían hace quince años. Pero tal vez la más estridente manifestación de estos males es que casi no hay elección interna partidaria que no termine en escándalo público, con graves acusaciones de fraudes.
Los partidos en nuestra sociedad -y es conveniente que así sea- tienen mucho poder: presentan candidatos a las elecciones, incluidas las de presidente y parlamentarios; sugieren nombres para ocupar los más altos cargos de la burocracia pública; tienen un lugar privilegiado en el debate nacional; reciben fondos fiscales para sus campañas; tienen influencia decisiva en la aprobación de las leyes.
Entidades de esta importancia deben estar sujetas a normas mínimas de organización, pues la misma sociedad que les ha entregado tan amplias prerrogativas tiene el derecho de exigirles, a cambio, respeto a prácticas democráticas en su vida interna y a los derechos de sus militantes, transparencia en sus registros y financiamiento, control del cumplimiento de éstas y otras obligaciones por el Servicio Electoral o una superintendencia y a sancionar severamente el atropello de esas normas.
Fallas en el Parlamento
El Parlamento es, de los poderes del Estado, el que en mayor medida simboliza la democracia. Ha sido concebido como la expresión de la sociedad en su diversidad, representada por partidos que debaten y luchan en un marco de respeto, tolerancia y de búsqueda de acuerdos para salvar la convivencia y hacer avanzar el bien común. Es la garantía de las libertades y derechos ciudadanos. Por eso debe ser un modelo de transparencia, rectitud y respeto a normas y procedimientos. Desgraciadamente no está siendo así.
De partida, su forma de elección afecta su legitimidad. Entre los varios males del actual sistema electoral hay uno en el que se repara menos, pero que tal vez sea el mayor. Como es sabido, el binominal obliga a constituir dos grandes coaliciones electorales, tarea que asumen hábiles negociadores a través de pactos y acuerdos para elaborar las listas de candidatos entregándole a las directivas de los partidos enormes oportunidades de manipulación pudiendo, incluso, asignar asientos seguros en el parlamento. El caso extremo fue la elección de 1999, cuando la derecha dispuso la elección, sin competencia real, de siete de los nueve senadores que elegía. Si hay un caso de “partidocracia” es ése, donde las directivas partidarias, valiéndose de un sistema electoral imperfecto, le arrebataron al pueblo el derecho a elegir y lo redujeron al simple rol de ratificador de lo que ellas habían decidido. Pero el binominal, aun en el caso de su mejor funcionamiento, consagra enormes ventajas para los incumbentes, lo que contribuye a crear un parlamento con escasa renovación y donde no se entrega a los electores opciones alternativas, de modo que aquel que quiera votar por una tendencia sólo puede hacerlo por el único nombre que le fija el partido.
Hay otros factores de desprestigio. Uno es la tendencia a transformar al Congreso en mera caja de resonancia de denuncias mal fundadas o escandalosamente exageradas. El parlamento es así el lugar por excelencia de la llamada “política de escarbar en la basura”. Otro es la falta de transparencia en materia de asignaciones monetarias adicionales al sueldo de los parlamentarios, asesorías, nepotismo, publicidad de sus patrimonios e intereses. Un tercero, asumir que nada afecta más la legitimidad y respetabilidad de la política que una relación no regulada, clandestina, entre el dinero y la política -el financiamiento de partidos y campañas- campo donde se ubican algunas de las mayores fuentes de corrupción.
Se agrega, también, la progresiva pérdida de disciplina en las bancadas. En las democracias parlamentarias el precio del desorden es muy caro, pues lleva a la caída del gobierno; por esta razón algunas legislaciones permiten a los partidos destituir a los congresales indisciplinados y reemplazarlos. En las democracias presidenciales, en cambio, el desorden es gratis y, ayudado por una prensa que trata a la política como escándalo, suele ser una eficaz estrategia mediática de corto plazo. Se advierte un desorden en los partidos sin precedentes: el surgimiento de una bancada de los “díscolos”; el conato -afortunadamente no materializado- de dos bancadas de diputados demócrata cristianos; y last but not least, un par de parlamentarios que renuncian a sus partidos, pero que no dudan en conservar sus asientos en el Congreso. La experiencia muestra que la división y falta de disciplina en los partidos y el parlamento es uno de los factores que más daña al prestigio de la actividad política, genera inestabilidad en los gobiernos y crea oportunidades de corrupción como las que hemos visto en Brasil o Ecuador, países caracterizados por la fragmentación del sistema de partidos y el “camisetazo” o “transfuguismo”, que son los nombres que ellos dan al acto de un congresal que abandona el partido que lo eligió llevándose consigo el cargo parlamentario.
Enfrentar los males que se han señalado no es difícil si se tiene voluntad política para limitar el propio poder. Cambios menores en el sistema binominal, como la ampliación del número de candidaturas de cada lista a cuatro o seis candidatos, no obstante que se elijan dos, podrían reestablecer el derecho del pueblo a elegir y no sólo a ratificar, y abrir espacio para la renovación del Congreso. Hay que reconocer que en el último tiempo -merced al ejemplo individual de algunos congresistas más que por una acción colectiva- ha habido mayor transparencia en materia de remuneraciones y declaraciones de intereses, pero hay que avanzar mucho más. Es imprescindible sustituir la actual ley de financiamiento de la política, que se ha probado ineficaz, por otra en que se tipifiquen como delitos graves la falsedad en las rendiciones de cuenta, la violación de los límites de gasto, el entregar o recibir contribuciones no autorizadas a campañas y partidos y la acción de individuos o empresas privadas (si es que se aceptan aportes de estas últimas) que hagan contribuciones ilegales o no declaradas. Finalmente, la disciplina en el Congreso podría ser fortalecida por mecanismos como la reciente “ley de bancadas” dictada en Colombia, como reacción a un parlamento que se había atomizado.
La Responsabilidad de la Prensa
No cabe duda que la principal culpa en el desprestigio de la política es de los políticos. Pero no es la única: la prensa y los medios de comunicación tienen en esto una responsabilidad esencial. Por supuesto no se trata de ocultar o censurar la difusión de vicios, fallas, corruptelas. Eso sería deshonesto. Pero pienso que hay una falta de proporción y de sentido de la justicia en la forma en que nuestra prensa trata a la política y los políticos. Un doble estándar hace que se juzguen con inusual dureza actos que si los cometieran otros actores, por ejemplo, los empresarios, se considerarían faltas leves. La prensa aporta a una suerte de ley de Gresham de la actividad, consistente en que “los malos políticos desplazan a los buenos políticos” ayudados por un periodismo que prefiere el escándalo sobre la sustancia, la denuncia por sobre el trabajo parlamentario riguroso, la discusión ad nauseam de las pequeñas intrigas y zancadillas de la política por sobre el debate de los temas sustantivos. La prensa demasiadas veces gusta verse a sí misma como una actividad ajena a responsabilidades y críticas, pero ella puede hacer una contribución no menor a la degradación de la política e institucionalidad.
En Chile hubo una responsabilidad de la prensa -la allendista y la de oposición a Allende- en el quiebre de la democracia de 1973. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela, donde, según Teodoro Petkoff, uno de los opositores más lúcidos al régimen bolivariano, “Chávez cosechó el resultado de quince años de campaña mediática dirigida a la demolición de los partidos políticos, a la demonización de la política y de los políticos. No es que los partidos tradicionales no cargaran con pesadas responsabilidades en la larga crisis que llevó a la victoria de Chávez. Mucho hicieron para suicidarse, pero también es verdad que durante varios lustros fueron víctimas de una campaña sostenida y sistemática que, desde una perspectiva neoliberal de minimización del Estado barrió el piso con lo político, con la política, con los políticos y los partidos -todas esas categorías satanizadas como ineficaces y corruptas por definición... la permanente ideologización del país en los criterios de la anti política, abrió el ancho portón por donde (Chávez) entró triunfalmente...para posterior consternación de quiénes lo prohijaron...”
El Peligroso Juego de la Corrupción
En este desprestigio de la política juega un rol fundamental el uso político y electoral de la corrupción. Desde luego, nuestra sociedad haría muy mal si negara la ocurrencia del fenómeno y si no mantuviera una preocupación constante por él. Pero, siendo necesario lo anterior, es claro también que la lucha contra este flagelo tiene límites y que si se sale de madre puede ser tan nociva como el mal que intenta combatir: por ejemplo, si esto se transforma en una lucha entre grupos políticos -gobierno y oposición- que se acusan unos a otros de corruptos. En ese caso la experiencia indica que muy luego se va a estar (si no es que estamos ya) en un juego de suma negativa, donde ambos bandos pierden, pues los ciudadanos terminan creyendo que todos los políticos y partidos son una misma porquería, de la que deben huir los jóvenes y los mejores.
La tentación maniquea de dividir al país entre un gobierno corrupto y una oposición “pura”, ha demostrado ser suicida para ambos bandos, que se anulan unos a otros para que normalmente surja un outsider como fue Ibáñez el 52 con “su escoba para barrer a los radicales” y de paso a la derecha, que durante 14 años había luchado por sucederlos. Chávez o Rafael Correa en Ecuador son casos de quienes, a caballo de la lucha contra la partidocracia y la corrupción, intentan aniquilar a los partidos que les antecedieron, comprometidos por años en el juego de descalificaciones que se ha descrito. El resultado más probable de esta lucha es el grito escuchado en las calles de Argentina, Bolivia o Ecuador: “¡que se vayan todos!”.
El básico error de este enfoque -o estrategia, le llaman algunos- consiste en calificar de corruptos a instituciones completas o a categorías amplias de personas. Son “los políticos”, es “el Estado” (luego será la derecha, los empresarios, los medios). No interesan las responsabilidades de individuo, sino la utilización de ellos para justificar la condena y estigmatización del total de un sector político, económico o social.
Advertir sobre los peligros de esta forma de encarar el asunto no es, en modo alguno, un llamado a la inmovilidad o a la complicidad, sino decir que el combate de la corrupción debe tener otras formas. Evitando cualquier ambigüedad, lo que se propone es luchar contra males concretos a través de medios directos. Si son los gastos reservados, o el clientelismo, o el nepotismo, o las asignaciones discrecionales, o los conflictos de intereses, o la dependencia respecto del dinero que crean campañas que son cada vez más caras, entonces hay que dictar normas que transparenten esas situaciones, las regulen o, si fuera el caso, que las prohíban, pero no comprometer al país en una guerra de religión entre buenos y malos, corruptos y puros. Evitar el riesgo, éticamente condenable, de que una campaña dada en nombre de principios morales -y la anticorrupción es una- termine siendo la oportunidad para que se expresen resentimientos y odios largamente acumulados en contra de personas e instituciones. No es exagerado decir que las descalificaciones de unos y otros que se acusan de corruptos pueden ser para una sociedad tan peligrosas y disruptivas como la prédica del odio social.
Necesidad de Actuar
Se ha procurado describir con rigor el desprestigio de la política, concentrándonos en los problemas pero, del mismo modo, en posibles soluciones, pues hay medidas concretas, fáciles de implementar y que podrían cambiar sustancialmente esta situación. El problema es que a los partidos y parlamentarios les cuesta mucho decidirse a cambiar un sistema que, aunque cuestionable y agotado, es el que contribuye a su permanencia en al poder. El mayor ejemplo de esto tal vez sea la enorme dificultad para cambiar un sistema electoral por parte de los propios parlamentarios que son elegidos de acuerdo a esa legislación. Pero es necesario actuar y rápido; de otro modo el proceso de desprestigio de la política se acentuará, con grave daño para la actividad y, sobre todo, para las posibilidades de desarrollo del país.