Por Genaro Arriagada Herrera

Uno de los grandes misterios del año inicial de la presidenta Bachelet es saber qué había de sustantivo en la idea de una “democracia ciudadana” que anunció sería una de los rasgos de su gobierno. El término planteado en algunos discursos oficiales fue, sin embargo, moneda corriente en el gobierno, particularmente en sus niveles intermedios. Pero, desgraciadamente más allá del enunciado no hubo precisiones ni elaboraciones. Lo que se preveía podía ser un debate sustantivo terminó en un mero enunciado pero, desgraciadamente, con graves consecuencias prácticas.

En algunas altas esferas, a cargo de personas sin experiencia en el trato con las realidades políticas, la “democracia ciudadana” se transformó en el argumento para justificar la no preocupación por partidos y parlamentarios, de modo que, mientras la ciudadanía se entendiera directamente con la presidente, ellos podrían impulsar “soluciones técnicas”, no contaminadas por la negociación política.
Tono Destemplado

En la base social la idea alentó algunos -por supuesto, no siempre- de los rasgos negativos de la demanda directa sobre las autoridades como son su radicalismo, el tono iracundo y urgente con que suelen ser formuladas o el recurso a acciones directas como huelgas ilegales, demostraciones callejeras no autorizadas, a veces derivadas en desórdenes. En los niveles intermedios de la administración no pocos de los mandos recién nombrados encontraron, en la idea del gobierno ciudadano, la excusa para abandonar el trabajo con los partidos y las autoridades por ellos elegidos en nombre del trato directo con las ONGs y la sociedad civil.

Para complicar las cosas el debate en torno de estos conceptos se tiñó de connotaciones morales. Se planteó, por algunos, que el desarrollo de la sociedad civil era un bien en sí mismo y algunos defensores de la sociedad civil acusaron a quienes plantearon dudas sobres estos desarrollos de atrincherarse en una “democracia elitista” y actuar movidos por el temor a una avalancha de participación. Ellos dejaron caer la idea de que había una democracia añeja, que era la representativa, y otra fresca y moderna, que era la “democracia participativa” centrada en las organizaciones ciudadanas.

En rigor, ninguno de estos temas fue discutido en profundidad ni por el gobierno ni por los críticos del concepto, estuvieran ellos dentro o fuera de la Concertación. En suma, un debate que se anunció, pero que no ocurrió. Pero ¿qué significa una democracia ciudadana? ¿Democracia ciudadana y democracia representativa son conceptos antagónicos? ¿Es cierto que la democracia representativa significa gobierno de los partidos y la democracia ciudadana el gobierno de la sociedad civil? ¿Cuánta “sociedad civil” requerimos para que sea posible una “democracia ciudadana”?
Sociedad Civil y Democracia

En el centro del debate está el tema de la relación entre sociedad civil y democracia.

En esta materia hay una vigorosa tradición intelectual, iniciada por Alexis de Tocqueville, que ha destacado por más de dos siglos que una democracia se acerca más a la perfección si está afirmada en una rica variedad de organizaciones comunitarias que puedan facilitar una mayor inclusión y participación de los ciudadanos. En las décadas del 70 y 80, la sociedad civil adquirió nuevo protagonismo, pues se le atribuyó un rol fundamental tanto en la caída de los regímenes comunistas de la Europa del Este, como en la de las dictaduras militares de América del Sur. A partir de ahí se dio un nuevo paso. A la sociedad civil se le pasó a atribuir características benéficas a las que no habían sido ensalzados ni el Estado ni los partidos. Ella sería el antídoto contra el autoritarismo, como alguien dijo, la bala de plata que protegería a la democracia de sus enemigos.

Hoy, a treinta años de esa explosión de entusiasmo y confianza, la visión de la sociedad civil es matizada. Como lo dice un reciente libro sobre el tema, frente a la democracia “la sociedad civil puede ser tanto parte de la solución como parte del problema”.

De la parte de solución nos habla una literatura que va desde Tocqueville, a fines del siglo XVIII hasta Putnam, a fines del XX. La contribución de organizaciones de la sociedad civil al desarrollo democrático, a una mayor justicia social, al mejoramiento de las políticas públicas o a la protección y promoción de los derechos de minorías discriminadas o en riesgo es un asunto fuera de dudas. Al respecto, es interesante leer un excelente libro publicado recientemente, La Propuesta Ciudadana (Editorial Catalonia), del que es editor Augusto Varas y que estudia experiencias concretas en países como Chile, Colombia, Perú, Argentina en campos tan variados como los derechos humanos, la educación, la lucha contra la pobreza, los derechos de las mujeres, las innovaciones locales, las personas que viven con VIH.

Pero la sociedad civil también puede ser el problema, la causa que haga más difícil la democracia e incluso factor de su destrucción. Organizaciones no gubernamentales pueden generar y agravar la polarización de una sociedad hasta provocar el quiebre democrático. El profesor de Princeton, Sheri Berman, ha mostrado el trágico papel jugado por la vibrante sociedad civil alemana bajo la república de Weimar y su contribución tanto a la destrucción de la democracia como al ascenso de Hitler. Algunos trabajos apuntan a fenómenos similares en la caída de la II República española. Otros, partidarios o críticos de Salvador Allende (Flisflish y Arriagada; en Rodrigo Baño (Editor) La Unidad Popular 30 Años después, LOM Edic.; 2003), han llamado la atención sobre la hipermovilización social que conoció Chile entre 1967 y 1973 y señalado que fue una contribución esencial a la destrucción de la democracia. En un reciente libro sobre el tema (Feinberg, Waisman y Zamosc, Civil Society and Democracy in Latin America) se sostiene que la historia de la región “dolorosamente ilustra como también las organizaciones sociales pueden ser los portadores de la polarización política que si fuera muy intensa puede contribuir al quiebre de la democracia misma. Esto puede ocurrir cuando hay poderosas organizaciones de la sociedad civil en sociedades con fuertes divisiones y débiles adhesiones a normas legales y constitucionales, donde la persecución de intereses particulares pesa más que la preservación de las reglas del juego democrático. En esas situaciones las organizaciones sociales pueden ser las enterradoras de las instituciones democráticas, incluso si esta consecuencia no fuera ni intentada ni buscada por ellas”.

Lo anterior para rechazar la absurda creencia de que la sociedad civil es una categoría moral. Ella, como toda institución política, puede jugar roles que merezcan dispares calificativos éticos. Si es así, entonces la pregunta esencial que se debe intentar contestar es: ¿bajo qué supuestos o condiciones la sociedad civil puede desarrollar sus inmensas potencialidades para fortalecer la democracia? O ¿cuáles son los requisitos que hacen posible una democracia más avanzada, fundada en una más activa participación de la sociedad civil en el diseño y control de las políticas públicas?

A mi juicio, además de una fuerte y vibrante sociedad civil, son necesarios otros tres requisitos y que se den todos conjuntamente. Uno, la existencia de un mejor sistema de partidos, organizado y moderno. Segundo, la presencia de un Estado fuerte. Y, tercero, la presencia en el Estado, los partidos y la sociedad civil, de una sólida cultura y práctica liberal.
Distintos, pero no Antagónicos

La relación entre sociedad civil y partidos no ha sido nunca fácil. Como muy bien dice Augusto Varas en el libro a que he hecho referencia, “es preciso indicar que el interés por la sociedad civil, en ocasiones encubre un discurso contrario a la política y de rechazo al Estado, tema muy en boga en la región”. Sociedad civil y partidos no son entes antagónicos, sino realidades diferentes que cumplen funciones distintas en el sistema político. La sociedad civil es la red de organizaciones voluntarias que las personas crean para perseguir variados fines -morales, religiosos, de representación de intereses particulares- y que se ubican en un lugar intermedio entre el Estado y las estructuras económicas y familiares. Intereses que pueden ser muy respetables, pero particulares.

Los partidos, en cambio, recogiendo los intereses parciales y contrapuestos de muchas organizaciones, deben procurar armonizarlos en proyectos nacionales. Por tanto, la situación ideal se da cuando coexisten una sociedad civil fuerte con un sistema de partidos fuerte. Lo anterior significa que la sociedad civil debe ser independiente de los partidos, no debe alinearse ni someterse a ellos, pero sin que esto signifique confundir su acción o disputar los espacios de las agrupaciones políticas.

A su vez, una democracia será imperfecta si tiene un sistema de partidos débil en el marco de una sociedad civil activa, vibrante. En sus extremos esto llevará a un sistema político donde los conflictos saldrán de las instituciones y tenderán a ser llevados al enfrentamiento continuo en las calles y donde estas organizaciones no gubernamentales se enfrentarán acudiendo, muchas veces, a comportamientos extralegales o anticonstitucionales.

En el cuadro de desprestigio de la política es a veces ingrato tener que insistir en la necesidad del gobierno de partidos; pero, en rigor, toda política democrática pasa por la recuperación de estas entidades siendo aun más negativo y costoso para el desarrollo de una sociedad un gobierno que los niegue o los menosprecie. Los gobiernos más eficaces del mundo, particularmente las democracias parlamentarias, son gobiernos de partidos; en cambio, los sistemas presidenciales más desgastados navegan en el marco de sistemas de partidos altamente fragmentados, debilitados, incapaces de disciplina en el Congreso y para respaldar a los gobiernos que eligen.
El Papel del Estado

Pero el desarrollo de la sociedad civil no sólo requiere de partidos sólidos y estructurados, sino también de un Estado fuerte y eficaz. Es lo que dicen Claudio Fuentes y Claudia Heiss en La Propuesta Ciudadana: “En el contexto de fragmentación política que vive hoy América Latina, es importante resaltar la necesidad de gobiernos activos y una democracia inclusiva para el fortalecimiento de una sociedad civil organizada”.

Esta necesidad del Estado es doble. Por una parte, un Estado eficaz que pueda canalizar, acoger y armonizar las demandas, muchas veces contrapuestas, de distintos componentes de la sociedad civil. Pero, también, un Estado fuerte en el sentido hobbesiano, esto es, capaz de garantizar el orden y la seguridad hasta tener que acudir a lo que Weber llamaba su característica más distintiva, el uso legítimo de los medios de violencia. No debemos olvidar que así como el Estado, cuando abusa en la aplicación de los medios de violencia, crea temor en la población, una sociedad civil hipermovilizada y que acuda a un activismo sin normas puede creer un miedo igual o peor. La convivencia a que una nación aspira es una donde los ciudadanos no tengan temor ni al Estado ni a la sociedad.
La Cultura Política

El desarrollo de la sociedad civil y el avance hacia formas crecientes de participación de los ciudadanos requiere, además de un sistema de partidos y un Estado fuerte, que todos estos elementos compartan una cultura política liberal, esto es, que sea compatible con la democracia, la tolerancia, una convivencia fundada en el respeto. Del mismo modo que hay partidos que son un aporte a la democracia y otros que no lo son, también hay organizaciones de la sociedad civil que sirven al autoritarismo o al clientelismo. Poniendo un ejemplo extremo, una organización de la sociedad civil como el Klu Klux Klan no es, precisamente, un aporte a la cultura. Por eso, una sociedad civil fuerte y deseable es una que, siendo celosa de su autonomía frente al Estado, tiene una alta capacidad de autorregulación, vale decir, de resolver conflictos dentro de los marcos institucionales del sistema democrático, de jugar acorde a las reglas de un país tolerante, respetuoso del Estado de derecho, con capacidad de compromiso.

Pero, también y de modo importante, las organizaciones de la sociedad civil deben incorporar estos valores en su propia vida, como señala Augusto Varas, y “agregar una alta transparencia y una gobernabilidad democrática interna a toda prueba. No obstante, no todas las ONG`s logran ser plenamente auditables ni alcanzan estos estándares de representación, transparencia y responsabilidad”.
Sería injusto criticar al actual gobierno por haber insinuado una mayor participación ciudadana a través de una sociedad civil más fuerte. Eso no es un error, sino un acierto. Pero, al plantear el asunto sin darle seguimiento ni en su análisis teórico ni en su implementación práctica, se abrió paso -aunque ella no haya sido la intención- a una actitud de falta de consideración hacia los partidos contribuyendo al actual distanciamiento entre estas agrupaciones y el gobierno. El resultado ha sido malo.