PAUL WALDER

La entrada en vigor en las autopistas urbanas concesionadas de la tarifa por concepto de congestión ha desatado no sólo la ira de los usuarios, sino que también ha enredado la historia y la lógica de la política, ha generado nuevas discusiones al interior de la Concertación -conflictos que son hoy más la regla que la novedad- y, como si todo ello no fuera suficiente, ha expuesto a la luz pública una nueva faceta de la hoy extensa corrupción.

La ira del usuario

Aun cuando sea más recurso comunicacional que furia real, ha sido breve la pataleta y rabia contenida al oír las muy poco comprensivas y también escasamente informadas expresiones del ministro Bitrán, cuando dijo: “Nadie está obligado a usar las autopistas porque hay rutas alternativas gratuitas”. Eduardo Bitrán, vale la pena resaltarlo, no sabía, tras diez meses en la cartera de Obras Públicas, que no pocos tramos de las autopistas urbanas no contaban con una vía alternativa, lo que en nuestro glosario neoliberal -si es que se practica lo que se predica- las convierte en un monopolio que debe ser sancionado. Los concesionarios no sólo han elevado las tarifas este 10 de enero: han convertido trozos de la ciudad en áreas privadas en las que no está permitida la libre circulación.
Quienes posiblemente sí canalizan rabia, como ya lo han hecho en otras ocasiones, son los camioneros. El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Andrés Ovalle, advirtió que su gremio ha llegado “a un punto de no retorno. La autoridad no ha querido hacerse cargo de nuestras demandas y las autopistas dicen que cobran lo que la ley les permite. Entonces, como estamos en democracia, los transportistas de carga protestaremos y nos haremos escuchar con nuestras herramientas de trabajo, es decir, con los camiones”.

Pese a esta gran voluntad, el gobierno también tiene la suya. El alza ya es un hecho, y variará, según la hora, las circunstancias y la zona, hasta en un 99 por ciento, según calculó El Mercurio y publicó el domingo 7 de enero (como ejemplo, pone que en la Autopista Central, entre San Bernardo y Santiago, los viajes durante veinte días hábiles subirán desde 14.200 pesos a 28.306 pesos). Un reajuste mayor a cualquier otro servicio público y que viene a escorar aún más los presupuestos destinados a transporte. Según las estadísticas de inflación del año pasado, este sector, con un alza del 6,1 por ciento anual, lideró al resto de los rubros que forman la denominada canasta de precios.

Aun cuando no se han visto masivas manifestaciones ciudadanas en contra del alza de los peajes, ello pese a los llamados a boicotear a los concesionarios hechos por una asociación de “automovilistas unidos” y por el mismo vicepresidente del Senado, el socialista Jaime Naranjo (llamó a “boicotear estas carreteras para poner fin a la serie de abusos legalizados por el Ministerio de Obras Públicas. ¡Basta de abusos!”), hay algunos antecedentes que podrían interpretarse como un rechazo y un enfrentamiento del usuario a los concesionarios. El automovilista no ha dejado de usar las autopistas, pero muchos han dejado de pagar. No fue necesario el llamado de Naranjo. En tanto, la recomendación de Bitrán parece totalmente innecesaria.
Una reciente información arroja los siguientes datos, que no son simplemente una estadística numeral sino que apunta hacia nuestro comportamiento social y también económico. Los juzgados de policía local de Santiago están saturados de infracciones por no uso de TAG (dispositivo electrónico de cobro de peaje) en las autopistas urbanas concesionadas. A diciembre, estos juzgados acumulaban un millón 648 mil 73 infracciones por uso de Costanera Norte y Autopista Central. Un volumen ingente de faltas que queda en la impunidad: los juzgados, al no tener la infraestructura para absorber tal demanda, sólo cita al 15 por ciento de los infractores. Ante esta falencia se puede hacer el siguiente ejercicio: si aumenta el número de infractores al sumarse muchos de ellos a un creciente boicot, los juzgados, proporcionalmente, citarían cada vez a menos conductores.

La complejidad de la politica posmoderna

Los socialistas en el gobierno, que es (ya no sabemos si por teoría, tradición, historia o marketing) la Izquierda del espectro político, defienden las autopistas concesionadas. En tanto, desde la ultraconservadora, ultraderechista y pinochetista UDI el senador Pablo Longueira ha prometido defender al automovilista de los abusos cometidos por la autoridad (socialista). Tal como lo hizo en 2005, cuando puso una querella contra las concesionarias por la entonces intención de aplicar la tarifa por congestión, esta vez Longueira anuncia que seguirá pasos similares. Pero desarrolla sus argumentos en una singular lógica, que tiene no pocos elementos de la lucha de clases. Durante la primera semana de enero, el senador UDI y posible candidato 2009 de la derecha, desplegó la siguiente y singular hipótesis para comprobar que la tarifa es discriminatoria: “Es lo mismo que pongamos una tercera tarifa en el agua y en la luz, de tal forma que hay chilenos que no pueden tener luz y agua para que haya otros chilenos que sí la puedan tener”. Pero fue aún más claro en su neosocialismo. Para que no haya dudas, dijo: “Finalmente, si van a estar todos en el taco, estarán los ricos y la clase media en el mismo taco y a la misma hora”. Sólo faltó incluir a los pobres, los que irán en el Transantiago; pero esa es otra discusión.

El automovilista es la apetecida y muy disputada clase media, la que según no pocas encuestas, es en términos subjetivos prácticamente toda la población. Todos nos identificamos con la clase media, aun cuando en la autopista unos viajen en un potente 4x4 climatizado y otros en un utilitario de comienzos de la década pasada. La clase media, el grupo al que apelan todos, desde Longueira a los socialistas como Naranjo y el mismo presidente del partido, Camilo Escalona, hoy viaja de forma masiva en automóvil. Salvando todas las distancias, hoy en día subir los peajes es como subir la locomoción colectiva, un alza tan sensible como lo fue algún día el reajuste del kilo de pan. Difícilmente es posible sostener y justificar un alza de hasta un cien por ciento de la noche a la mañana.
La irrupción del también socialista ex senador Antonio Viera-Gallo en este debate, pero desde el bando de las concesionarias y como contrincante de Longueira, hizo aquella semana enfurecer a Escalona. Viera-Gallo es abogado defensor de las empresas ante las demandas de los automovilistas, de la ciudadanía o ante las demandas -como ha de haber pensado Escalona- del gran electorado. Junto a su labor de defensor del sector privado, el ex senador fue también asesor del Ministerio del Interior en seguridad ciudadana, pluriempleo que sólo en apariencia es contradictorio. Viera-Gallo no juega a dos bandas: sus intereses personales están en plena armonía con los intereses del gobierno. Y para ello basta recordar las declaraciones del ministro Bitrán, que en una entrevista el domingo 7 de enero amenazó a los automovilistas morosos en el pago del TAG con la cárcel: “Los deudores del TAG eventualmente irán a la cárcel”, sentenció el titular de Obras Públicas, casi como hombre de las concesionarias en el gobierno, aunque después retrocedió en sus amenazas.

Socialismo para todos los gustos

JOSE Antonio Viera Gallo, se senador socialista a abogado de las concesionarias de autopistas.

Las concesionarias han recurrido, aparentemente con éxito, a otras herramientas normativas, las que podrían endurecer las penas. Hace unas semanas el Tribunal Constitucional evacuó una resolución a favor del artículo 42 de la Ley de Concesiones, lo que permitiría a estas empresas cobrar hasta cuarenta veces el monto que un usuario moroso o infractor tenga pendiente con la autopista.
Esta medida, que aún no está en vigencia, ha recibido el respaldo de los administradores de las carreteras. Herman Chadwick, presidente de la asociación de estas concesionarias, UDI, ex alcalde pinochetista y cuñado de Viera-Gallo, dijo, en una lógica a toda prueba, que si se ponen flexibles, la gente simplemente no va a pagar el TAG. La pena, que parece extrema, está, como se ha mencionado, en la normativa en uso y sería la respuesta al millón y medio de infractores. Por cierto que también le restaría éxito a los intentos de boicot.

De estos argumentos participa el socialista Viera-Gallo, quien ha conseguido titulares en la prensa muy poco amigables con las intenciones de su partido. La nueva actividad del ex senador, que él defiende como el trabajo de cualquier ciudadano, encolerizó a Escalona precisamente cuando los escándalos de corrupción ahogan a la Concertación. En la oportunidad, y es bien probable que durante enero sucedan otras, Escalona declaró que la situación era muy compleja, de difícil explicación hacia la ciudadanía. “Cómo explicarle a la opinión pública que un militante socialista, ex senador, represente a las concesionarias frente a las demandas de los usuarios en relación al manejo abusivo del TAG y, al mismo tiempo, haga declaraciones diciendo cómo la Concertación maneja mejor sus asuntos”. Escalona llevó el problema aún más lejos. Además de haber definido el evento como “una señal confusa”, advirtió que “si una persona va a dedicarse a abogado de las concesionarias, tiene que dedicarse a abogado de las concesionarias. ¡No puede tener un doble rol!”.

El siguiente paso fue intentar reflotar la discusión sobre el lobbying y las actividades que numerosos ex altos funcionarios públicos, incluso subsecretarios y ministros, realizan en el sector privado. No lo dijo con todas sus letras, pero era evidente que el presidente del Partido Socialista buscaba colocar un nuevo tema en la agenda. Por cierto que cabe recordar que las actividades del en la actualidad ex PPD Jorge Schaulsohn no difieren en mucho de las de un clásico lobbysta.

Nuestra diaria corrupciOn

El sociólogo Felipe Portales (ver PF 629) considera que la corrupción institucionalizada es la peor corrupción de todas. Es lo que hace ver a Chile como uno de los países más corruptos del mundo. Portales sostiene la tesis de la corrupción ideológica. “Algo que deja de ser lo que es. Algo que se pudre”, sostiene Portales. “Cómo no va a ser corrupción que un liderazgo que sostuvo la lucha contra la dictadura sobre bases críticas del modelo social y económico de la dictadura ahora lo esté elogiando. Eso es corrupción ideológica de ese liderazgo que cambió en 180 grados. No es una corrupción económica, pero es ideológica y política”.
Y está también la cooptación. “Cuando a un ex ministro -señala Portales- se le da un altísimo cargo en un directorio. Eso en términos globales es una forma de corrupción, que se ha usado bastante en la historia de Chile. Los radicales eran convocados a formar parte de los directorios en los 40 y 50. Entonces uno ve una gran capacidad de la derecha económica para, hábilmente, ir cooptando a los sectores medios, a los liderazgos de estos sectores, para ir morigerando la protesta social”. Hoy en día ésta es una práctica cotidiana, muy bien remunerada y hasta muy respetada. La correa transmisora entre el sector público y el privado, que pedalea en ambas direcciones, está en plena marcha.

Portales no está solo en su diagnóstico. En una reciente columna publicada en La Jornada, de México, y El Clarín, de Chile (www.elclarin.cl) el sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Marcos Roitman Rosenmann, escribe que la vida del socialista “era un aval para el comportamiento ético y tenía una carga de compromiso social inexcusable. En este último coincidían la crítica del capitalismo y el rechazo de la explotación del hombre por el hombre. Tal es verdad, que el capitalismo interiorizó esta premisa para demostrar su falsedad”.
La derecha, afirma Roitman, presentó al militante de Izquierda como un ser ávido de compartir las mieles del capitalismo consumista. “Un ser con doble moral. Ser comunista y vivir como burgués. Con este argumento descalifica a la Izquierda en los países occidentales y lo hizo en los países del Este, en tiempos de guerra fría. En otros términos, la carne es débil y se corrompe. Los comunistas quieren disfrutar de la buena vida sólo posible en la economía de mercado. En este sentido, las fuerzas defensoras del capitalismo no tienen miedo en asumir conductas corruptas y realizar vilezas a cambio de aumentar sus cuentas bancarias y ejercitar el poder. Los capitalistas no se avergüenzan. Por tanto, que la Izquierda caiga en las redes del vil metal, del oro, no es para tanto: poderoso don es don dinero. Es cosa de acostumbrarse. La primera vez duele, luego se disfruta. Compra voluntades, conciencias y desde hace algunos años, proyectos políticos”.
Este mensaje lanzado desde la derecha tiene un lema sencillo, dice Roitman: “Disfruta el momento y no te dejes llevar por la conciencia. Hoy se firma un pacto de no agresión. Tú no sacas mis corruptos y yo no ventilo los tuyos. Una Izquierda institucionalizada parece estar cansada de luchar, prefiere un pacto de no agresión, vivir en pecera ajena. Participar del festín. Se conforma con un acta de diputado o senador. Prefiere tener coche oficial e influencias, lo necesario para medrar y hacerse rico”.

De estas afirmaciones y reflexiones tan sólo podríamos decir que la realidad chilena se ajusta, caso a caso y a la perfección, a tal diagnóstico, para lo que entregamos algunos de los casos más recientes sobre tal acomodo:
Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue designadopor unanimidad nuevo presidente de las Instituciones de la Salud Previsional (Isapres). Aninat, quien tuvo también un cargo importante durante los últimos años en el Fondo Monetario Internacional y fue hasta hace poco embajador de Chile en México, reemplazará en el cargo a Hernán Doren, quien no postuló a la reelección. El ex ministro desempeñará el cargo por los próximos dos años, con opción a ser reelegido.

Ximena Rincón, ex intendenta de Santiago. Pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida, empresa que pertenece al grupo español BBVA. En aquel directorio también está el socialista y ex senador José Antonio Viera-Gallo.
Carlos Mladinic, ex ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y presidente del Sistema de Empresas Públicas. Es hoy miembro del directorio de la privatizada Aguas Andinas.

Fernando Bustamante. Pese a la polémica generada hacia finales de la década pasada, permanece bien apernado en sus cargos. Es miembro del directorio del Metro, que es empresa pública, y también miembro del directorio de Telefónica.
Eugenio Tironi, ex ministro secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin. Es hoy un connotado empresario de las comunicaciones y otras áreas. Es también un exitoso publicista del neoliberalismo en su columna de El Mercurio, un lobbysta y miembro del directorio de Enersis.

Jaime Estévez, ex ministro de Obras Públicas y ex presidente del BancoEstado durante el gobierno de Lagos. Hoy está en el directorio de Endesa, en representación de las AFPs.

Jorge Rosenblut, subsecretario de Telecomunicaciones durante los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. Es hoy un hombre cien por ciento del sector privado. Es presidente del directorio de Chilectra, fue miembro del directorio de Smartcom (Endesa) y es director de la AFP Cuprum.

Ricardo Solari, socialista ministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ahora desempeña un alto cargo en el sector privado: forma parte de Alsacia, la empresa colombiana del Transantiago.

Jorge Rodríguez Grossi. Este democratacristiano vino del sector privado y ha vuelto a él. Pero cambió de rubro. Llegó al Ministerio de Economía desde el sector eléctrico, y ahora es director de Chiletabacos