Carlos Peña

Antes hubo casos de corrupción y entonces, igual que ahora, se puso el grito en el cielo, se imaginaron las penas del infierno, hubo golpes en el pecho y, como si fuera un caso de violencia doméstica, abundantes promesas de nunca más. Pero aquí estamos de nuevo.

¿Tendrán algún resultado las medidas que, apenas anteayer, comunicó la Presidenta? ¿O la ceremonia de La Moneda acabará siendo un rito de expiación de esos que, de vez en cuando, ejecutan los seres humanos cuando luego de pecar los alcanza la sombra de la culpa?
Si no nos echamos tierra a los ojos, hay motivos para temer que este conjunto de medidas, a poco andar, acabe en el olvido o en una realización apenas pálida que, detalles más o menos, nos deje donde empezamos.
Cabría recordar -¿por qué será que los recuerdos son casi siempre incómodos?- que sobre corrupción ya se reflexionó alguna vez hace doce años, exactamente el año 1994, a principios del gobierno de Frei Ruiz-Tagle (a quien, si seguimos así, vamos a terminar echando de menos). Fue el inicio de una importante serie de medidas (transparencia de los actos de la administración, obligaciones de probidad, reglas sobre algunos conflictos de intereses, tipificación de dos o tres delitos), algunas de las cuales, sin embargo, fue difícil llevar a la práctica (como ocurrió, por ejemplo, con la transparencia de los actos del propio legislativo donde, con imaginación de leguleyo, se interpretaron una y otra vez las normas para evitar que se aplicaran).
Después, en el gobierno de Ricardo Lagos (cuyas realizaciones estuvieron muy por debajo de los ademanes con que se las presentó) hubo otro amplio debate acerca de la modernización del Estado que acabó en el sistema de la alta dirección pública (aunque entonces se tomó la precaución de echarlo a andar en pleno recién el año 2010); en reglas sobre el financiamiento de la política (pero la ley, acabamos de descubrir recién, acabó siendo un tigre de papel), y en abundantes golpes en el pecho acerca de lo importante que era la probidad (pero, como sabemos ahora, las máquinas continuaron).
Incluso es probable que los obispos -igual que hace una semana- hayan redactado entonces una declaración pública informándonos que la corrupción era mala.
En todo esos casos hubo comisiones integradas por personas inteligentes y agudas a las que, por supuesto, no animaban intereses parciales de ninguna índole, sino motivos de estricto interés público.
En todos esos casos se puso el grito en el cielo, se imaginaron las penas del infierno, hubo golpes en el pecho y, como si fuera un caso de violencia doméstica, abundantes promesas de nunca más.
¿Qué pudo pasar entonces para que, después de tanto aspaviento, diéramos tres pasos adelante y dos atrás, luego uno adelante y dos atrás para quedar, finalmente, donde mismo?
Lo que parece ocurrir es que algunas de las causas más porfiadas de la corrupción no provienen de la ausencia de reglas o de códigos (baste recordar que los países de Latinoamérica son de los más pródigos del mundo en dictar constituciones y cartas de derechos y vea usted cómo está la cosa).
Y es que los problemas éticos la mayor parte de las veces no son de conocimiento (es decir, no derivan del hecho que ignoremos lo que sería correcto hacer), sino de la incapacidad para ejecutar ciertas acciones (o sea, de la falta de virtud). Y las virtudes, como dijo Aristóteles, son fruto de la costumbre y no de la naturaleza.
Y nosotros tenemos malas costumbres. No las peores -comparados con el resto de Latinoamérica somos unos atletas morales-, pero tenemos malas costumbres.
Hasta el gobierno de Jorge Alessandri (¿habrá otro modelo de probidad mayor en la imaginación de la derecha?), el Presidente, apenas electo, recibía facultades extraordinarias para disponer de un puñado de cargos de la administración a favor de sus correligionarios. Y cuando a Frei Montalva se le negó esa misma facultad, se le concedió a cambio la posibilidad de crear plantas paralelas que (si olvidamos el paréntesis de la dictadura, donde se medraba sin la necesidad de estos tecnicismos) se han mantenido durante cada uno de los gobiernos de la Concertación.
Y como investigó Arturo Valenzuela alguna vez, hasta 1973 la profesión política más importante en Chile (no sé si la más antigua) era la de "broker". Las elecciones municipales se peleaban con fervor de cruzado no porque las municipalidades tuvieran recursos para repartir, sino porque los electos eran mediadores en la obtención de recursos de parte del gobierno central. Ahí está el origen de la política del franchising -dos o tres tipos administran la marca y reparten el mercado- que se ha extendido por estos días.
A esas malas costumbres se suma hoy el hecho de que la política es cada vez más cara y depende cada día más del dinero. Y cada uno lo saca de lo que tiene más cerca: la derecha de sus propios bolsillos y la izquierda (como se mostró en las últimas elecciones) del Estado ¿Cómo competir, si no? Agregue usted esta cultura del emprendimiento y de la innovación (la innovación, dicen los sociólogos, es una forma de anomia) y el modelo aspiracional y descubrirá que no es raro que lo que desde la ética es reprochable aparezca, en la práctica, como una ventana de oportunidad.
Por eso hay que rezar (o, si prefiere, hacer Pilatos) para que salga algo de lo que acaba de anunciar la Presidenta.
Y para que la incómoda experiencia de alojar en una pecera no sea un incentivo más para, simplemente, aguzar de nuevo la imaginación.